Ser argentina o argentino es un sentimiento, como diría algún fan de un cuadro de futbol (la que suscribe es de Boca), pasamos durante el día por diferentes estados de ánimos, amamos u odiamos, lloramos, reímos, nos queremos ir.

En nuestro ADN no existe el aburrimiento, sí quizás el hartazgo de repetir situaciones y no aprender de ellas, ver que se reciclan los políticos pero no las políticas. Lo que sigue es historia conocida y repetida con el make up que cada uno le quiera dar.

Las telecomunicaciones o las TIC en el sentido amplio son un reflejo de nuestra historia. Empezamos la década de los noventa con una compañía estatal de telecomunicaciones en decadencia, con ingenieros que tenían que trabajar de taxistas y vino un golpe de timón con la privatización de la empresa estatal, una privatización muy inteligente donde se dividió el país entre el Norte y el Sur, otorgándosela a tres operadores internacionales.

Los que egresamos de la universidad en ese período en 1990, queríamos ir a trabajar a esas empresas porque pagaban los mejores sueldos, ofrecían capacitación y crecimiento profesional. Fui parte de ese proceso y conservo ese orgullo.

Una privatización donde se planteó un período de exclusividad, con cumplimientos de metas que el regulador de esa época controlaba donde la regulación fue abriendo la competencia, creándose nuevas compañías mientras otras tantas llegaban al país.

También había otros escenarios en algunas provincias, donde se habían desarrollado compañías privadas para brindar el servicio público. Por dar un ejemplo, la empresa Ericsson estaba presente en algunas provincias como también las cooperativas telefónicas (aproximadamente, 200 en esa época), a solo 20 minutos de la Capital Federal, porque el servicio público telefónico ya no llegaba.

Dicho esto, en pocos días estamos ante el primer año del DNU 690/20 que nos sumergió en un nuevo desafío: el de encarar el desarrollo de nuestras TIC con el rótulo de servicios públicos en competencia. La TV por suscripción por vínculo físico (en la jerga, el cable), la telefonía móvil y la Internet no se pueden aumentar los servicios sin autorización expresa del regulador.

Un DNU que cuando lo leemos con cariño como clientes nos cae simpático porque nos declama congelamiento de precios en un país inmerso en inflación (a la fecha ya supera 30%) y suba del dólar o depreciación de nuestra moneda.

Es decir, la leche aumenta, el asado, el combustible, los sueldos; pero la Internet, la TV por cable o satélite, el celular no van a aumentar, a pesar de que el ancho de banda mayorista aumente todos los días al ritmo del dólar. Lo mismo ocurre con la compra de señales que deben afrontar las empresas que dan servicios de televisión, o los OTT como Netflix que tiene sus abonos dolarizados.

Todo este absurdo que, además, debe resolver el regulador con las escasas herramientas que posee para poder determinar costos y poder aprobar aumentos, generó un nuevo rock and roll en un  país donde sus políticos no han podido en años ponerse de acuerdo en generar una única ley que promocione las inversiones y asegure servicios, precios y calidad acordes a los usuarios.

Porque hoy Argentina en el sector TIC se rige por leyes no reglamentadas en su totalidad y decretos, un patchwork regulatorio en un sector que es una commodity en el mundo, un gran dinamizador de la economía y donde no hay lugar para un leading case.

Un país inmenso y diverso (séptimo en ranking de superficie mundial), donde las grandes empresas se concentran en las urbes y conviven con más de mil 200 empresas unipersonales, pymes y del sector sin fines de lucro como las cooperativas tanto telefónicas como eléctricas, de aguas, que se volcaron hace años a cubrir la falta de despliegues en nuestro país que empieza, como dice el slogan de venta de casas, “a sólo 20 minutos del centro de la capital”.

En medio de todo esto, seguimos azotados por un virus que viene con updates.

Muchas pymes y no tan pymes tuvieron una abrupta inmersión a las nuevas tecnologías, al trabajo colaborativo, al Zoom, Teams y demás. Nos llegó una transformación digital acelerada y sin anestesia, por fin algunos se dieron cuenta de la importancia de una banda ancha fija y de calidad para trabajar, estudiar y acceder a la telemedicina.

El sector TIC de “emprendedores, pymes y cooperativas” sigue resistiendo al DNU nombrado, con placebos que el regulador (5% por aquí, 8% por allá) les da. Digo emprendedores, pymes y cooperativas porque los grandes licenciatarios fueron a la Justicia y ésta les otorgó la venia para que el gobierno se guardara el DNU en el bolsillo, pasando de recomposición a abuso como ocurre en algunos casos.

Y de repente el Presidente de la Nación nos dice: “vamos a hacer de Internet un servicio público para que llegue a todos y todas. Y para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas”. Entonces de nuevo tenemos el rótulo o etiquetado de “servicio público” (ya estaba en ley TIC y decreto).

Lo más novedoso fue acusar de ladrones a los prestadores de servicios, acusación muy grave, porque hay que demostrar los delitos. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, dice nuestra Constitución.

¿Qué significa servicio público? Es un término tan difícil de definir que parece el principio de incertidumbre de Heisenberg, cuando lo estudias se mueve y transforma. Como escribió un abogado, el concepto de servicio público es lo suficientemente esquivo como para ser el puntapié de una discusión, no para terminarla. A los ingenieros nos gustan las precisiones, algo es o no es.

¿Y qué definición le quiere dar el Presidente?

¿Servicio público = servicio gratuito?, una falacia porque no hay nada gratuito, los servicios los  pagan los clientes o los contribuyentes o la maquinita de hacer dinero.

¿Servicio público = servicio que cubre a toda la población?

¿Servicio público = servicio controlado/intervenido por el Estado?, porque regulado ya está, se necesita licencia y se pagan tributos (0.05% y 1% de ventas devengadas). Hoy la Internet lleva todo el contenido, ¿la idea es controlar contenido?

Ya sabemos por experiencia que “servicio público” no significa servicio para todos, si no no estaría la mitad de la Argentina sin servicios de agua potable y cloacas; la energía eléctrica llegaría a todos los rincones, lo mismo el gas.

Ya sabemos los senior qué fue tener una empresa de servicio público de telefonía, una propiedad se vendía o alquilaba si tenía teléfono; existía el plan Megatel, similar a los planes de ahorro de autos, en algún momento podías tener la suerte de tener un teléfono pagándolo previamente durante años.

Ya conocemos los beneficios de la privatización, los beneficios de la telefonía celular, la cantidad de empresas que se crearon y las que desembarcaron del exterior, las pymes y cooperativas, que a pesar de los vaivenes de nuestra economía y la danza del dólar en una industria altamente dolarizada, florecieron y se ocupan de dar buen servicio a precios accesibles en muchísimas localidades de nuestro interior, cada vez más fibra óptica tendida, más trabajo, que sería mayor sin un decreto que limite el crecimiento.

Estas palabras del Presidente nos generan incertidumbre, como clientes y como actores del sector. Desincentiva y paraliza el crecimiento del sector, un sector de la economía que aporta varios puntos al PBI y opacan otras acciones en favor de la conectividad que el regulador Enacom lleva a cabo.

Desde 2020 el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) confeccionó nuevos programas de asignación de fondos del servicio universal, el mayor plan en la historia de latinoamerica de asignación de planes de servicio universal, planes para conectar instituciones públicas, planes para conectar barrios carenciados (un millón de personas), planes para tendidos de fibra óptica destinados a pymes y cooperativas, tasas bancarias subsidiadas, todos planes que redundaran en un salto cualitativo y cuantitativo en la base de usuarios de Internet en el país.

El sector necesita estos alicientes, necesita la recomposición del precio de sus servicios, acorde con los aumentos de los insumos (banda ancha mayorista, sueldos, combustible e impuestos).

La Argentina necesita más conectividad, calidad y oferta, no es posible pensar en los Nodos de la Economía del Conocimiento (cluster de empresas tecnológicas para exportación de servicios), sin despliegues de fibra óptica y conectividad segurizada por dos océanos.

En resumen, Argentina necesita grandes inversiones en infraestructura digital y no se invierte si no hay rentabilidad. Argentina necesita de grandes empresas y de las pymes y cooperativas del interior que hoy son las más afectadas. Argentina necesita dejar de hablar del pasado y hablar del futuro, sobre cómo acortar la brecha digital (conectividad + educación en competencias digitales + dispositivos), cómo incentivar a que nuestros jóvenes estudien carreras STEM, cómo apalancar el desarrollo de los sectores de Agrotech y Biotech. Los próximos unicornios saldrán de ahí y los políticos deben entender que el privado hasta donde se pueda y el Estado donde se necesita.