Peligra autonomía de regulador mexicano por padrón celular: SCJN

La suspensión del padrón hace que se paralicen las acciones que se desprenden de las normas impugnadas, relacionadas con las atribuciones conferidas al IFT y que se ven afectadas presupuestalmente.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México estaría en riesgo si lo obligan a instalar y administrar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), por lo que concedió una suspensión de dichas obligaciones tras una Controversia Constitucional promovida por el propio órgano regulador.

La Controversia Constitucional fue turnada a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

El regulador explicó en un comunicado que con base en lo previsto en el artículo 28 constitucional, la ministra señaló que, sin prejuzgar sobre el fondo, se puede apreciar un riesgo constitucional sobre la autonomía del IFT si se permitiera la ejecución del Panaut.

Detalló que la ministra Piña Hernández aseguró que tiene como efecto inminente que el Instituto realice las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de instalar, operar, regular y mantener el padrón se realicen con cargo a su presupuesto aprobado en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.

El IFT expuso que no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del Panaut con cargo a su presupuesto.

“La totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021, están asignados a las funciones que mandata la Constitución a este órgano regulador; y que este ordenamiento legal contraviene su autonomía presupuestal, consistente en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna en el marco de sus competencias”, señaló el regulador mexicano.

El IFT explicó que les fue concedida la medida cautelar que solicitaron, por lo que el efecto es que se paralizan las acciones que se desprenden de las normas impugnadas, relacionadas con las atribuciones conferidas al IFT y que se ven afectadas presupuestalmente; por ejemplo, aquellas que se deban realizar para el desarrollo de la plataforma que concentrará la información material del padrón, la emisión de las disposiciones administrativas de carácter general para su operación, las campañas y medios de información para la difusión del programa.

También señaló que entonces no procede la aplicación de sanción de responsabilidad administrativa a que alude el párrafo segundo del artículo Tercero Transitorio impugnado.

“El IFT manifiesta su absoluto compromiso y responsabilidad de actuar siempre en el marco del Estado de Derecho, así como su reconocimiento y respeto al Poder Judicial, cuyas decisiones han sido fundamentales para el sector de las telecomunicaciones”, agregó el IFT.