Perú | Advierten riesgos por proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas colaborativas

Congresistas, expertos y empresas advierten que la propuesta de regulación acabaría con las ventajas de flexibilidad e independencia que han encontrado conductores y repartidores en esta fuente de ingresos.

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Un proyecto de ley que busca regular la relación entre las plataformas colaborativas y las personas que prestan servicios a través de ellas, presentado por la congresista del partido Somos Perú-Partido Morado, Susel Paredes Piqué, generó controversia en Perú en días recientes.

La iniciativa, ingresada en agosto, apoya el reconocimiento de que entre ambas partes existe una relación laboral, por lo que argumenta que las empresas de Internet tendrían que afiliar a los colaboradores a la seguridad social.

En el primer debate de la Comisión de Trabajo en el Congreso llevado a cabo la semana pasada, algunos parlamentarios pidieron la asistencia de especialistas en la materia para exponer las implicaciones de la regulación de la relación entre las plataformas y los colaboradores y así elaborar un mejor dictamen.

“Nadie pretende decir que no es necesario que (los conductores y repartidores) tengan seguro contra accidentes, que haya mayor protección para los consumidores y usuarios, pero lo que no podemos hacer es crear una relación laboral en donde no existe, porque eso termina perjudicando a los trabajadores, a los consumidores y las plataformas, y genera mercados informales que nos perjudican a todos”, afirmó Adriana Tudela, congresista por Avanza País.

El proyecto señala que las plataformas colaborativas, de transporte y entrega de pedidos a domicilio, serían las responsables de la cotización de los conductores y repartidores en el sistema de seguridad social de pensiones y de salud ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Además, el documento pretende establecer obligaciones para las plataformas: entre ellas, asumir la responsabilidad por la calidad del servicio, asumir los costos de cursos y capacitaciones para mejorar los servicios; brindar equipo de protección a los colaboradores, y contratar pólizas de seguros.

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Otro de los puntos relevantes de la iniciativa es que busca que los prestadores de servicio puedan organizarse en gremios con personalidad jurídica. También se limitaría la cantidad de tiempo que las personas pueden trabajar mediante las aplicaciones, a ocho horas cada día y 48 horas semanales.

La propuesta de Acción Popular es controversial, debido a que busca replicar la relación laboral tradicional entre empresas y asalariados en el caso de las plataformas, conductores y repartidores de la llamada economía colaborativa.

Sin embargo, las empresas de Internet y especialistas coinciden con Tudela en que se trata de una nueva relación en la que las personas prestadoras de servicios tienen flexibilidad e independencia, por lo que no existe una relación dependiente, con horarios y reglas estrictas como en los empleos convencionales.

En este sentido, las plataformas serían los intermediarios entre los conductores y repartidores y los usuarios. Este modelo permite a los colaboradores conservar su autonomía y acceder a una fuente de ingresos sin demasiadas barreras.

De acuerdo con un estudio del Instituto de Estudios Peruanos, por encargo de ComexPerú, el 37 por ciento de las personas que obtienen ingresos mediante las aplicaciones prefiere conservar su independencia laboral y el 51 por ciento tiene una segunda fuente de ganancias. Otras personas estudian, se dedican a tareas del hogar o a otras actividades en paralelo.

Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú, criticó que el proyecto de ley no es coherente con lo que significa una relación laboral, y que no se tomó en cuenta las opiniones de las empresas y trabajadores involucrados. Asimismo, explicó que una regulación de este tipo elevaría los costos de los servicios y afectaría la sostenibilidad del modelo de negocios.