Perú | Industria en alerta por aumento de más del 60% del Aporte por Regulación

En diálogo con DPL News, especialista coinciden que la medida es una señal negativa y poco oportuna en un momento donde los operadores aún perciben una alta morosidad.

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Cuando en algunos países empiezan a moderar la carga tributaria que tiene que pagar el sector, como lo hizo Ecuador la semana pasada, otros las aumentan. Tal es el caso de Perú, que en uno de los últimos días del gobierno de Francisco Sagasti, se aprobó el decreto supremo 134, que establece un aumento casi del 60 por ciento en el aporte por regulación que deben pagar los operadores móviles al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

El aporte por regulación, que por ley no puede superar el 1 por ciento de la facturación anual de las empresas, se ubicaba aproximadamente en 0.5 por ciento de lo percibido por los operadores móviles. El decreto establece nuevos porcentajes sobre la base de la facturación: de 0.7997 por ciento para 2022; 0.7998 por ciento para 2023 y 0.7450 por ciento para 2024. Es decir, que el próximo año los operadores móviles tendrán que pagar casi un 60 por ciento más del aporte por regulación.

Lo que ocurrió es que el año pasado, con la prohibición de no cortar servicios por la pandemia, los operadores percibieron menores ingresos, por lo que el regulador recaudó menos.

En diálogo con DPL News, Manuel Cipriano, consultor en telecomunicaciones y exdirector del Osiptel, consideró que la decisión resulta “inoportuna y menos adecuada” debido a que, por la pandemia, los operadores han manifestado problemas de incremento de morosidad.

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“También terminan perjudicando a los usuarios porque el incremento del aporte se verá reflejado en la tarifa final de todos los usuarios. En estos momentos todos los usuarios tenemos problemas de liquidez y muchos sectores podrían verse afectados por el incremento de las tarifas. En peor situación se encuentran los que no gozan aún de los servicios de telecomunicaciones. Esta medida terminaría afectando en mayor grado a esos sectores y a los proyectos de las operadoras para expandir los servicios que tanto se necesitan”, agregó Cipriano.

Para Maryleana Méndez, secretaria General de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), las disposiciones que establece el decreto “son una señal negativa”. “La medida supone un aumento en torno al 60 por ciento en este tipo de pago para los próximos 3 años, situando la alícuota entre las más altas a nivel internacional”, dijo a DPL News.

“Esta modificación implica, además, que el regulador recaude por ingresos facturados por la prestación de servicios de telecomunicaciones, aunque los mismos no hayan sido efectivamente recibidos por las prestadoras, ello, en un contexto de aumento de la morosidad. Este tipo de medidas, con fines recaudatorios, pueden suponer trabas para la expansión de la conectividad y perjudicar la asequibilidad de los servicios por parte de los usuarios al repercutir directamente en las tarifas, afectando en mayor grado a personas de menores recursos o que aún no están conectados”, detalló Méndez.

Como justificativo, el decreto dice que el sector telco “ha experimentado un desarrollo constante y significativo en las últimas décadas, impulsado por un mayor dinamismo de la oferta de servicios de voz, datos y contenidos audiovisuales, así como por un mayor acceso, disponibilidad y consumo de dichos servicios por parte de los usuarios; lo cual ha demandado que el Osiptel diversifique e intensifique sus actividades como regulador de las telecomunicaciones, a fin de fomentar la competencia en el mercado y garantizar la calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones”.

Para Cipriano, lo más recomendable hubiera sido que el gobierno realizara una evaluación de las labores que tiene actualmente el regulador y optimizara su trabajo, eliminando aquellas que ya no son necesarias. “Por ejemplo, aún está pendiente la desregulación de las tarifas de los servicios de telefonía fija. Un servicio que ya casi nadie utiliza, pero que su regulación aún se sigue realizando, constituyendo una carga de trabajo en exceso para el Osiptel y la empresa involucrada”.

Por su parte, la representante de Asiet afirmó que la medida “no es congruente, y va en la dirección opuesta a las mejores prácticas internacionales que buscan que los recursos se destinen a maximizar los despliegues en conectividad, que en un entorno de crisis y con necesidad de promover mayor inversión, se establezcan aumentos de tasas para financiar al regulador”.

Fuentes de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) explicaron a este medio que la medida los tomó por sorpresa porque “no fue publicada para comentarios”. “Creemos que este incremento no tiene sustento en un mercado que está en plena competencia”.

Desde Osiptel expusieron que la medida se dio “luego de un riguroso análisis de la evolución del mercado de las telecomunicaciones en el Perú y tiene como objetivo dotar al regulador de mayores recursos que serán destinados, principalmente, al fortalecimiento de la supervisión a fin mejorar la calidad de los servicios y que los usuarios estén cada vez más satisfechos con el servicio y atención recibidos”.

Aseguraron también que no tendría una afectación relevante sobre los precios. Respecto a la morosidad, desde el regulador peruano agregaron que el alza en el aporte se aplicara recién desde el año 2022, “periodo en el cual se espera que los efectos del Covid-19 hayan desparecido”.