Perú | La difamación mediática en las redes sociales debe ser combatida

Abogado penalista consideró que para la difamación mediática la pena privativa de la libertad debería incrementarse a cinco años”.

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El Peruano Paul Neil Herrera Guerra

A propósito de su reciente libro, el exdecano del Colegio de Abogados de Lima plantea tanto la figura del tercero civilmente responsable en el ilícito contra la reputación de las personas como el mantenimiento de la tipificación de este delito en el Código Penal. A continuación, algunos alcances de sus planteamientos.

La tipificación de la difamación mediática como delito es materia de su reciente libro sobre derecho penal. ¿En qué consiste esta figura delictiva?

–Llamo difamación mediática a la difamación agravada, aquella difamación que se comete a través de los medios de comunicación, es decir, prensa, radio, televisión. Esta consignada en el tercer y último párrafo del artículo 132 del Código Penal.

¿Se presentan muchos casos de este delito?

–Cada vez es más grave el irrespeto al honor y a la reputación de las personas, en particular a la reputación si se trata de casos de delito de difamación agravada.

¿Por qué?

–Porque hoy, mediante las redes, principalmente de manera anónima se agrede, se ofende. Por ejemplo, el ‘terruqueo’ es un modo de designar a las personas, de desprestigiarlas. A veces en las redes de forma anónima por medio de memes vemos fotos en las que se cambian los rostros, se mezclan las cosas, se denigra, se desprestigia. Obviamente esto tiene que ser combatido.

¿Cómo hacerlo?

–Por ejemplo, quienes tienen la dirección, control o manejo de los dispositivos y redes podrían aparecer como terceros civilmente responsables. De tal modo que ellos sean quienes se preocupen en que por las redes no surjan agresiones u ofensas. Vemos que los principios, valores, están en retroceso y lo que le corresponde a la sociedad es organizadamente defenderlos y respaldarlos.

¿Qué le corresponde hacer al Estado?

–En principio, el Estado debe mantener los tipos penales. A propósito del anteproyecto de reforma del Código Penal hay quienes, con base en teorías jurídicas, plantean la desaparición o retiro de las figuras delictivas de la injuria, calumnia y difamación, que son las que defienden al bien jurídico ‘honor’. Estas mismas personas plantean, además, la tramitación como procesos civiles de los casos de injuria, calumnia y difamación. Pero los procesos civiles son mucho más lentos que los penales y las personas esconden patrimonio, por lo que las reparaciones civiles serían absolutamente ineficientes e ineficaces. En cambio, propongo que se mantenga la tipificación de estos delitos en el Código Penal e inclusive deberían elevarse las penas para estas figuras delictivas.

¿A cuánto?

–Para la difamación agravada la pena privativa de la libertad debería incrementarse a cinco años. En la actualidad es no menor de uno ni mayor de tres años, lo que además motiva a que este delito prescriba rápidamente.

Con tal incremento en la pena se abriría la posibilidad de que haya prisión efectiva para quienes cometan este delito.

–Claro. Porque la cárcel efectiva es lo que disuade a no cometer el delito y el valor del derecho penal es su efecto disuasivo. Han habido abusos al honor y la realidad indica que debemos protegerlo.

¿Tal vez se puede dar algún lineamiento para evitar esta situación?

–Sí, se pueden dar regulaciones para impedir la difamación en las redes. Así como se menciona que no debe haber ofensas ni enfrentamientos entre las personas que usan las redes también se puede regular la protección al honor y establecer responsabilidades para quienes generan aplicaciones de ofensas y difamaciones. Además, para que los técnicos e ingenieros diseñen las formas de impedir la propagación de ataques al prestigio de las personas.

Este tema guarda mucha relación con el derecho informático porque en las redes se utilizan medios informáticos.

–Efectivamente. El tratamiento de este tema está vinculado con la informática. Así como hay aplicaciones muy positivas, aunque lamentablemente hay gente que se aprovecha de estas para incurrir en ilícitos, lo que se tiene que hacer es que las personas que conocen de informática y de aplicaciones las regulen de modo tal que no se puedan cometer abusos contra el honor o por lo menos que no sea tan fácil cometer estos actos.

¿En el Poder Judicial se tramitan casos de difamación mediática generada por el uso de las redes?

–Sí, conozco casos. Ante casos de difamación mediática la persona agraviada copia el agravio que aparece en las redes en presencia de un notario, de tal modo que este dé fe de eso y se pueda registrar notarialmente el respaldo técnico correspondiente para luego iniciar el proceso judicial con la copia respectiva. Esto se hace porque generalmente la persona ofensora después borra los antecedentes informáticos de la ofensa efectuada en las redes. Aquí es importante la labor de los ingenieros. Al margen de que las personas ofensoras no coloquen su nombre y cometan las ofensas desde cabinas de internet, los ingenieros pueden ubicar desde qué lugar se comete el delito para, por lo menos, hacer el seguimiento correspondiente con la Policía a fin de capturar en flagrancia a la persona ofensora.

Investigación

¿Cuáles son los principales aspectos que analiza en su libro?

Uno de los temas relevantes para mí es distinguir que con el ilícito de la difamación mediática se protege específicamente el bien jurídico ‘reputación’, mientras que con la tipificación de los delitos de injuria, calumnia y difamación simple se protege el honor. Esa diferenciación la hago en mi libro. Además, señalo que en la casuística mucho se utiliza el ‘animus injuriandi’ y el ‘animus difamandi’ para resolver los casos de injuria y difamación. Sin embargo, advierto que esto constituye un abuso, porque tales animus no figuran concretamente en ninguna ley, no tienen respaldo y pese a ello los jueces los utilizan sin definir con claridad en qué consisten. El honor y la reputación son valores que deben defenderse. Mi trabajo pone en la balanza lo que significa tanto el desempeño de los abogados y jueces como también el desempeño de los comunicadores que tienen la misión inclusive de investigar hechos.