Perú | La transformación digital del sistema de justicia

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El Peruano Rommel Abilio Infante Asto

El Poder Judicial avanza en la implementación de su plan de gobierno digital. Este supone cubrir las necesidades de información de la entidad, así como monitorear los cambios tecnológicos y desarrollar actividades para la digitalización de los servicios y procesos, a través del uso intensivo de las tecnologías digitales y la innovación dirigida por datos. A continuación, algunas propuestas para este importante reto.

Al pensar en la digitalización del Poder Judicial (PJ) suele venir a nuestra memoria el no tan reciente uso de las mesas de partes digitales, las videollamadas para realizar audiencias, así como el cuestionado uso de la geolocalización para el seguimiento de los trabajadores del PJ. Sin embargo, la transformación digital es mucho más que eso, en resumidas cuentas, implica replantear y modificar procesos operativos mediante el uso de la tecnología y articular una nueva cultura organizacional con el fin de obtener una mayor eficiencia y mejorar el acceso y la calidad del servicio de justicia. A continuación, comento tres aspectos a tomar en cuenta para la transformación digital del PJ.

En primer lugar, es necesario impulsar la digitalización de los expedientes siguiendo adecuados estándares para su conservación y el aprovechamiento de la información que estos contienen. Así, su digitalización debería incluir el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y la creación de copias de seguridad a fin de resguardar dicha información.

Asimismo, también es recomendable que los datos obtenidos producto de la digitalización, cumpliendo con los deberes de confidencialidad y protección de datos personales, sean tratados y recolectados en formatos que sean fácilmente procesados por computadoras (machine-readability) y que sean datos abiertos (open data) de forma acorde al Decreto Legislativo N°1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital y su reglamento.

Este paso será esencial para dejar progresivamente el uso del papel y la costumbre de foliar el expediente físico, reemplazándolos por documentos digitales de origen, aunque esto dependerá del avance en la implementación de las firmas digitales. Además, con su digitalización se pondrá en valor los datos ahí contenidos ya que servirán para el desarrollo de nuevos servicios para los ciudadanos.

Un segundo punto es el uso de algoritmos y la inteligencia artificial (IA) en el sector justicia. Lo más adecuado es empezar a usar la IA en proyectos piloto para fortalecer nuestras capacidades actuales y construir apoyo institucional en función de resultados que cumplan con las expectativas, tal como parece ser el caso del PJ el cual anunció el desarrollo del proyecto “Tucuy Ricuy” para automatizar y reducir el tiempo de atención de los casos de violencia de género.

Sin embargo, no hay que perder de vista los distintos espacios donde la IA podría generar beneficios y aquellos donde su uso representa un alto riesgo, así como los protocolos y estándares éticos aplicables. En tal sentido, es recomendable contar con un mapa de procesos que podrían automatizarse con poco riesgo y cuáles serían de alto riesgo ya que podrían afectar los derechos fundamentales y demás garantías de los ciudadanos.

Resulta recomendable revisar la experiencia internacional sobre el tema a fin de evaluar, por ejemplo, si es preferible o no desarrollar un algoritmo público o utilizar uno privado considerando la dificultad de poder auditar y transparentar el funcionamiento de un algoritmo desarrollado por una empresa privada como es el caso del algoritmo COMPAS utilizado para evaluar el riesgo de reincidencia criminal en las cortes de Estados Unidos, que ha sido objeto de críticas por su aparente parcialidad en contra de grupos minoritarios.

También se puede aprender sobre la experiencia de las cortes inteligentes (smart courts) de China, donde cada corte, siguiendo un lineamiento general, toma la iniciativa por su cuenta en el uso de algoritmos que apoyan la labor de los jueces mediante la automatización y recomendación de sentencias con distintos grados de éxito. Esto podría tomarse en consideración al momento de evaluar la conveniencia de un enfoque descentralizado para la innovación tecnológica (similar a los sandbox regulatorios) o uno uniformizado bajo una estrategia concreta de uso de la IA en el PJ (modelo centralizado).

Asimismo, nos sumaría entender la experiencia de los países vecinos como es el caso de Argentina (Prometea) con un algoritmo para la predicción y recomendación de dictámenes en función a casos similares, y Colombia (Pretoria) con la automatización de la clasificación de expedientes en función de criterios predefinidos. En ambos casos lo especialmente relevante es revisar las condiciones institucionales que favorecieron el éxito de sus proyectos.

Finalmente, un punto transversal de la transformación digital consiste en que el rediseño de los procesos del PJ no siga un modelo de arriba abajo (top-down), donde la decisión es tomada por el órgano jerárquicamente superior de la entidad. En su lugar, sugerimos abrir la toma de decisiones de diseño y recibir el aporte de las áreas usuarias y de los ciudadanos centrándose en reducir los malestares (paint points) de los ciudadanos en el acceso y prestación del servicio de justicia. Para esto, será útil el aporte de los diseñadores de servicios y experiencias del usuario, entre otros profesionales.