El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá que conformarse con un presupuesto de 1,500 millones de pesos de los 1,780 millones que solicitó a la Secretaría de Hacienda, después de que la Cámara de Diputados le recortara de forma inopinada 280 millones. Menos proyectos o menos personal o ambos podría ser una triste realidad para el IFT en 2019. ¿Por qué ocurrió?

Elaborar un presupuesto es tarea de expertos pero defenderlo es un asunto político. Lo fue para cientos de alcaldes que estuvieron formados en San Lázaro para entregar en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las solicitudes de dinerito para sus municipios. Lo fue para el rector de la UNAM que mostró un músculo político de más de 350 mil estudiantes y 40 mil académicos y lo es para cualquier persona. Todos en alguna ocasión debemos ponernos la cachucha de vendedor y persuadir al “dueño del dinero” del presupuesto que creemos merecer con los mejores argumentos. Pero el IFT no lo hizo correctamente.

He escuchado a varios ex funcionarios públicos repetir el mismo mantra: “¿quieres 50 pesos? ¡pide 100!”. Eso hacemos todos, sabiendo que existe un margen de negociación. Es fácil decirlo pero también intentarlo si se presentan los proyectos. ¿Por qué el IFT sólo solicitó 1,780 millones en lugar de los 1,998 millones de 2018 o incluso más? No es un tema de austeridad o recortes de privilegios sino de falta de visión y desconocimiento de lo que realmente debe hacer la institución, que no es sólo promover la competencia.

El miércoles 5 de diciembre compareció el IFT ante diputados de la Comisión de Radio y Television respecto del presupuesto de egresos de la federación 2019. Acudió, acompañado de otros funcionarios del IFT, Mario Fócil, titular de la Unidad de Administración del IFT. Fócil disculpó a Gabriel Contreras, comisionado Presidente del IFT, quien no pudo acudir con los diputados porque tenía una sesión del Pleno. Todo lo que escribo se puede verificar aquí: https://goo.gl/x6W1Ux.

Señora y señores comisionados: ¿no podían posponer su sesión del Pleno ante un tema tan relevante como el presupuesto de la institución de donde obtienen sus salarios e ir todos a defenderlo? Es conocida la animadversión de AMLO por los organismos autónomos. Ha dicho que “agrandaron el gobierno” y que son “supuestamente organos autónomos con muy buenos sueldos para los altos funcionarios públicos y mucho derroche”.

Ingresé al sitio del IFT para saber qué asunto había sido tan importante como para que el Comisionado Presidente no acudiera en persona a defender el presupuesto, pero las sesiones del Pleno están actualizadas hasta el 16 de noviembre. ¿Es relevante? Sin duda: Contreras no sólo es el Presidente del IFT, sino que rodeado de seis comisionados técnicos-expertos, él es el comisionado político.

Mario Fócil presentó el proyecto de presupuesto del IFT ante la Comisión de Radio y TV. Su estrategia se centró en cuatro ejes, a la postre fallidos: beneficios de la reforma (por desgracia, ningún diputado se inmutó); especialización (es importante, pero no lo fue para ningún diputado); criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público (no logró tocar el corazón de una comisión y “cena de negros” que de 29 diputados 15 son de Morena) y recaudación para las arcas de la federación de ingresos provenientes de las licitaciones de espectro (esta parte fue cuestionada por diputados con notable desconocimiento en la materia pero lengua afilada).

La especialización (uno de los principios que fundamenta la creación de un organismo constitucional autónomo) fue utilizada por el titular de la Unidad de Administración para justificar por qué “sólo 16 funcionarios del IFT” debían ganar más que el presidente López Obrador.

El argumento de la recaudación fue desastroso para el IFT. Como los diputados no son expertos pero sí grillos, supieron destruir ese argumento. Fócil reseñó que de 2013 a agosto de 2018 el IFT había recaudado “por derechos y  otros conceptos” 70,716.48 millones de pesos, mientras que el costo de operación del instituto había sido de 9,978 millones, “es decir, sólo 14.1 por ciento”. E insistió: “por cada peso que le han asignado al IFT el instituto ha generado siete pesos al Estado mexicano”.

El argumento recaudatorio fue tan débil, perjudicial y amenazante al mismo tiempo que se convirtió en un búmeran directamente al rosto del IFT. Es como suponer que el mérito de la UNAM, de la CNDH o del INE es recaudatorio y no social o democrático. El IFT incurrió en una terrible confusión de sí mismo y en una pésima estrategia suplicante: “no seas malo, merezco mi presupuesto porque te genero muchos ingresos… y puedo seguir generándolos”. El diputado de Morena, Luis Javier Alegre (que en todo momento se refirió al instituto como “la Ifetel” (sic)), supo dinamitar el argumento y no dejó de repetir que “la Ifetel debería ser un órgano regulador y no recaudador”, algo que la industria y no pocos analistas comparten.

Ante las adversidades que ya se preveían para el presupuesto del IFT como órgano autónomo non grato para el morenismo, todo indica que no hubo una estrategia por parte del instituto, fue fallida y tampoco ocurrió un cabildeo político para defender la pertinencia del presupuesto. Enrique Peña Nieto le facilitó al IFT un buen presupuesto porque fue una institución creada durante su administración, pero era obvio que ese estado de confort cambiaría con un gobierno abiertamente hostil con los organismos autónomos y sus autoridades… y todavía no somos testigos de los atentados directos a su autonomía.

Cuando ya se había dictaminado el presupuesto en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y se decidió recortar 180 millones al IFT, el instituto emitió un comunicado dominical diciendo que la disminución “pone en grave riesgo el cumplimiento de las atribuciones y proyectos sustantivos para 2019”. Se refirió a sus competencias en el artículo 28 constitucional e hizo un respetuoso pero sobre todo tibio llamado a “reconsiderar la propuesta de presupuesto presentada por el IFT”.

Ingresé al sitio del IFT para conocer esos “proyectos sustantivos para 2019” y descubrí que el IFT no ha hecho público su Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019. Verifiqué y el PAT 2018 fue aprobado por el Pleno hasta febrero de 2018. Hubiera sido un punto a favor del IFT en la discusión del presupuesto conocer al menos un avance del PAT 2019, pero no se les ocurrió.

Independientemente de ello, no escuché a los funcionarios del IFT durante su comparecencia hablar de inclusión digital, de conectar a más mexicanos, de cerrar la brecha de conectividad o de género; no mencionaron la tutela que les corresponde del derecho fundamental de acceso a las TIC, incluida la banda ancha. ¿Es necesario aclararlo? A los legisladores de Morena (cuyo lema es “por el bien de todos, primero los pobres”) hay que hablarles con la voz del pueblo y los beneficios sociales de Internet. A falta de un político que negociara y argumentara a favor de la función social del IFT y la inversión pública que requiere para ello, los técnicos y abogados del instituto hicieron gala de su conocimiento de artículos, párrafos e incisos.

Como órgano autónomo el IFT es un poder del Estado en sí mismo porque su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), pero se le ha encargado en la Constitución una función estatal específica y especializada, no limitada al artículo 28 de la Carta Magna (competencia económica), sino también a los artículos segundo (pluriculturalismo), tercero (educación), sexto (derecho de acceso a las TIC) y séptimo (libertad de expresión) de la Constitución. Los derechos fundamentales no admiten austeridad y alguien tenía que recordárselo a los legisladores, pero para muchos funcionarios del IFT esa sigue siendo tierra ignota y además no creen en el derecho de acceso a las TIC con convicción.

Dice el respetuoso comunicado del IFT que el recorte afectará “promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión”. Por ejemplo, el IFT carece de un programa para promover la radiodifusión pública, por demás ineficiente. Ante el recorte sistemático que sufren cada año los medios públicos, el IFT podría ayudar con algunos milloncitos para programas específicos que les permitan cumplir sus atribuciones legales y su función social como su digitalización o pleno acceso a tecnologías. Aún más: ¿qué programas tiene el IFT para contribuir al logro de los objetivos de la política de inclusión digital y cobertura universales? ¿El Programa Prioritario “Internet para todos” del nuevo gobierno de AMLO no era una buena oportunidad para diseñar un programa coadyuvante y pedir presupuesto adicional para ello? La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión le concede al IFT 63 atribuciones. Cada una de ellas admite programas y proyectos temporales y permanentes y oportunidades de solicitar presupuesto.

El IFT tiene un enorme poder legal no suficientemente explotado pero sobre todo una hermosa responsabilidad social y política: lograr que millones de mexicanos (incluidas mujeres, jóvenes, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad) accedan a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Esa labor es suficientemente ardua y ambiciosa para demandar el presupuesto necesario.

Llama la atención que algunos comisionados reconozcan esa importancia social justo después del tijeretazo de los diputados. El comisionado Javier Juárez comentó en Twitter: “Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios habilitadores de derechos y oportunidades para todos.” Comisionada María Elena Estavillo: “El presupuesto del IFT no es gasto, es inversión social.” Coincido: ¿por qué no fueron a demostrarlo a la Cámara de Diputados? Decía el destacado politólogo Guillermo O’Donnell: “los derechos hay que escribirlos en la ley porque es la única forma de defenderlos y exigirlos; (pero) todo derecho está amenazado y es reversible”.

Durante más de cinco años el IFT ha hecho política, pero el día que más se requería de los talentos de un comisionado político, ese día no se hizo lo suficiente para defender el presupuesto del IFT. Proponer al Pleno el anteproyecto de presupuesto para su aprobación y remitirlo a la Secretaría de Hacienda es una facultad indelegable del Presidente del IFT. Por cierto, el Estatuto Orgánico del IFT señala en su artículo 14 que “el Presidente ejercerá sus facultades directamente o mediante acuerdo delegatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación a través de los Titulares de Unidad”, como fue el caso de Mario Fócil ante la comisión en San Lazaro. Ingresé al DOF para buscar el acuerdo delegatorio y no lo encontré…

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