El Economista Nicolás Lucas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de la diputada María Luisa Noroña Quezada y tercera fuerza política en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma al inciso decimosexto del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que trata sobre los derechos de los usuarios y más en específico, sobre el criterio de los saldos en la modalidad de prepago.

La iniciativa propone que las recargas de saldo en las suscripciones de prepago no estén sujetas a ningún plazo de vigencia o expiración y que el saldo no consumido en el periodo para el que fue contratado se abone en la siguiente recarga para que pueda ser utilizado por el usuario en el plazo de un año más.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al cierre de junio de 2019 existían en México un total de 98 millones 14,185 líneas de telefonía celular en prepago y 60 millones 950,080 líneas de internet igualmente en prepago, por lo que todos esos usuarios serían los potencialmente beneficiados de la nueva ley, en caso de que la propuesta del PRI gane votos en la Cámara de Diputados.

La fracción decimosexta del artículo 191 de la llamada Ley telecom ya aborda el criterio de las recargas, pero en la iniciativa priista de reforma se expone que ese párrafo no fue escrito del todo claro por el constituyente en la reforma sectorial del año 2013, pues hace posible una interpretación “mañosa” y “abusiva” de los operadores de telecomunicaciones en lo que toca a la vigencia del saldo, lastimando así a aquellos consumidores de escasos recursos que abonan recargas de menos de cien pesos.

María Luisa Noroña Quezada, diputada por Jalisco, con licenciatura trunca en educación y miembro de las comisiones de Igualdad de Género, Relaciones Exteriores, Comité de Ética, Desarrollo Urbano y Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, expuso en su iniciativa que cae en el rubro de telecomunicaciones que la economía de muchas familias mexicanas no les permite acceder a un esquema de pospago en telefonía e Internet móviles.

Noroña argumentó que en México el 50% de los usuarios de prepago recargan entre 50 y 100 pesos de saldo en cada abono que realizan; un 26%  abona de 30 a 50 pesos y un 8.0%  recarga menos de 30 pesos.

“En México, lo que motiva a elegir un esquema de prepago a uno de pospago es la economía familiar, ya que también se pueden hacer recargas desde diversos puntos comerciales de fácil acceso y abundante disposición, para su línea y con diversos y accesibles montos que pueden ir desde los 20 pesos”, escribió la legisladora.

La iniciativa de Noroña Quezada aún debe atravesar todo el entramado parlamentario para conseguir éxito y con un respaldo del PRI que apenas representa el 9.2% de los diputados en San Lázaro.

La propuesta también tendría que ser estudiada en las comisiones de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados y eventualmente estudiada también en el Senado por su naturaleza de cámara revisora, todo eso para que un día el Artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su inciso XVI, quede escrito de la siguiente manera:

“Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables”. 

El inciso XVI del Artículo 191 destaca:

“XVI. A que en los servicios móviles de prepago, el saldo recargado o el no consumido no sea sujeto a ningún plazo de vigencia, expiración, utilidad, aprovechamiento, reactivación, validez o caducidad, ni a condicionamiento alguno para su disponibilidad, disposición y utilización; y a que, el saldo no consumido, le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha”.

La propuesta del PRI, un nuevo reto para una industria que cojea en ARPU

La industria de telecomunicaciones y radiodifusión generó ingresos por 118,404 millones de pesos en el segundo trimestre del 2019, según estimaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y sólo el negocio de prepago tendría un valor de 26,000 millones de pesos, una cifra que pudiera dar cuenta de un enorme mercado para una docena de operadores móviles virtuales y tres operadores de red que básicamente se reparten la telefonía celular y la banda ancha móvil, además de unas cuantas empresas del segmento fijo que comienzan a ofrecer suscripciones móviles también.

Sin embargo, el consumo promedio mensual de servicios medido en dinero o ARPU (Average Revenue Per User) se encuentra deprimido en México y este hecho ha representado un reto en su levantamiento para las compañías del sector, independiente de su tamaño, color o músculo financiero.

Como muestra, en México el ARPU móvil en prepago de Telefónica cerró en 43 pesos el 2019. Movistar es la única compañía que desglosa ese dato en comparación con sus competidores directos: Telcel y AT&T, pero revela el posible impacto al ARPU que provocaría una iniciativa como la que promueve el Partido Revolucionario Institucional.

En Perú y Argentina se han discutido temas similares de prepago tanto en telefonía celular y datos móviles, pero no han prosperado del todo por otros factores que se adicionan al argumento del ARPU, explican analistas consultados:

Gerardo Mantilla, hoy analista en Artifex Consulting y anteriormente regulador en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, dijo que primero debe definirse a qué capa del segmento del prepago debiera aplicarse una iniciativa como la planteada el martes 3 de marzo en la Cámara de Diputados, pues en el mercado existen planes en que el usuario abona una cantidad que se agota conforme un cuota fija de minutos de voz, mensajes de texto o datos móviles, o una combinación de todo ello; mientras que existen otros planes de prepago con todo ilimitado por un periodo definido.

Mantilla plantea que sería más conveniente tratar de migrar a aquellos usuarios que abonan, por ejemplo, más de 200 pesos a su cuenta de prepago, pues en México ya existen planes libres de pospago desde 200 pesos mensuales. Gerardo Mantilla añade que la acumulación de puntos de saldo, sea en mensajes, voz o datos, resulta una complejidad para las compañías de telecomunicaciones, porque puede impactar en una disminución del ARPU; en momentos en que además éstas necesitan flujo para desplegar nuevas redes de servicio y responder a la aguerrida competencia del sector. “Una propuesta así me parece que ya fue rechazada en Argentina”, dijo.

En la misma línea se muestra Juan Gnius, analista en la firma argentina de consultoría Telracom. Gnius indicó que una adecuación de ese tipo al inciso XVI del artículo 191 de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión generaría una cartera artificial de usuarios para las compañías; es decir, un consumidor podría tener más de una línea con saldo, usando activamente una, a sabiendas de que tiene otra alterna con abono disponible.

“Esto sí afecta negativamente al ARPU, porque demora el tema de recargas; porque no se obliga al usuario a nueva recarga y porque además va a complicar la limpieza de base de clientes de los operadores, que cada ciertos meses hacen limpieza de los números, los desconectan y además, el impacto puede ser hasta impositivo; esto, si en el caso de México se pagan impuestos por tener ciertas cuotas de usuarios. Así era en argentina: tributar por cantidad de clientes”.

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