Ecuador fue de los primeros países en América Latina en anunciar acciones digitales para reforzar y mantener la conectividad durante el brote del Covid-19. Lo hizo a mediados de marzo tras dialogar con la industria telecom y otros sectores económicos. Una semana después, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) prohibió que los operadores suspendan los servicios por falta de pago.

Las consecuencias de esa decisión es que vuelve “insostenible” la provisión de telefonía e Internet y provocaría problemas de liquidez financiera para las compañías a mediano y largo plazo, durante los meses siguientes que se avecinan de la pandemia, dijo a DPL News el Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), Jorge Cevallos.

Además, la medida de no corte de los servicios no es “necesaria ni adecuada”, pues los operadores ya estaban ofreciendo beneficios a los usuarios y flexibilidad en los pagos, en opinión del dirigente de la organización que agrupa a Claro, Nokia, CNT, DirecTV, CenturyLink, Netlife, Telconet, Brightstar, Puntonet y Grupo TV Cable.

Para paliar los efectos adversos de esta disposición, la Asetel pide al gobierno que difiera cobros del Estado a la industria, como impuestos o cargas regulatorias, y que delimite a la población beneficiada, con el fin de que las redes puedan mantenerse, tomando en cuenta que son esenciales para afrontar esta crisis sanitaria y soportan otras actividades productivas en medio del aislamiento social.

DPL News (DPL): ¿Cuál es la postura desde Asetel sobre las medidas que ha tomado el gobierno y el regulador de telecomunicaciones para garantizar la continuidad de los servicios durante la emergencia sanitaria por el coronavirus?

Jorge Cevallos (JC): Hemos venido trabajando con ellos desde un inicio; les hicimos una oferta de valor a nuestros clientes para que puedan realizar de forma óptima el teletrabajo, la teleducación y que puedan adaptar, en la medida de lo posible, su vida normal y cotidiana a las condiciones de confinamiento que requiere el control de la pandemia.

En ese sentido, los móviles en algunos casos duplicaron los megas; en la mayoría se aumentó sustancialmente las capacidades de las conexiones de Internet fijo en los hogares y empresas. Lo que hemos buscado es facilitar que las personas puedan seguir comunicándose y seguir trabajando, pero desde sus hogares para tratar de frenar la expansión del virus.

También vimos, y lamentamos, el hecho de que se haya dictado una normativa para evitar que se corten los servicios, lo cual ―si bien es una buena medida en el corto plazo― hace insostenible el negocio en un mediano plazo, pues el efecto es que muchas personas que hubieran estado dispuestas a hacer el pago ahora evitan hacerlo.

Eventualmente, las empresas pueden tener problemas de liquidez; nosotros estamos aún recopilando cifras sobre en qué magnitud se han reducido las ventas, los ingresos, y efectivamente ha aumentado la morosidad en los consumidores. No contar con una herramienta que force a los usuarios a que paguen, como es la desconexión del servicio, sin duda que mina la liquidez y las posibilidades financieras de los operadores telefónicos y los proveedores de Internet para afrontar la crisis.

DPL: En ese sentido, ¿considera que es adecuada o necesaria la medida de no prohibición de los servicios?

JC: No creemos que era necesaria ni adecuada tampoco. Varios operadores ya estaban dando facilidades de pago y descuentos, y otros tipos de soluciones de mercado para estos problemas con los usuarios. Se dieron un poco de cortes entre el 19 y el 20 de marzo, pero fueron bajas de líneas que ya estaban dos o tres meses sin pagos, ni siquiera era por esta eventualidad, sino cuentas que ya venían arrastrando una deuda de varios meses.

Lo que nosotros esperamos es que la tasa de mora evidentemente suba y lo que buscamos también son ciertos diferimientos de cobros por parte del Estado, de tal forma que se pueda calzar mejor este match financiero y que las empresas no tengan problemas de liquidez; es decir, pagos que se hacen por uso de espectro, por impuestos y algunas otras contribuciones y cargas regulatorias que tenemos con el Estado. Queremos lograr que se difieran para que las empresas no tengan un problema de liquidez.

Internacionalmente, también los mercados de capital están comprimidos y con una volatilidad muy alta; el riesgo de Ecuador alcanzó apenas 4 mil puntos y se mantiene en ese rango, superior incluso al de Argentina. Entonces las opciones de financiamiento extranjero son caras y escasas para las empresas ecuatorianas en el mercado internacional. Son cosas que la autoridad debe tener en cuenta, de tal forma que también afloje un poco las cargas que tenemos y podamos solventar de mejor manera esta crisis.

DPL: A raíz de esto, ¿qué tanto ha aumentado la moratoria en los pagos de servicios por parte de los usuarios?

JC: Estamos levantando cifras de eso, lo que sí encontramos ya es que el aumento en el consumo de Internet y de datos ha sido de 30 por ciento, aproximadamente. También tenemos identificado, sobre todo, en qué aplicaciones o en qué páginas se registra mayor demanda. Desde los proveedores fijos, hay solicitudes para que se reduzcan resoluciones de video de algunas plataformas como YouTube o Netflix, de tal forma que el ancho de banda se destine, primordialmente, al teletrabajo y la teleducación.

Por el momento, lo que nos ha dado satisfacción es que no ha habido caídas de redes; los usuarios han permanecido conectados. Hemos podido garantizar la continuidad de servicios, a pesar de las restricciones de movilidad. Hemos logrado que nuestro sector esté incluido en los salvoconductos por mantenimiento y reparación que hay que hacer en las redes, pero lo principal es que la red no se ha caído y todos los usuarios han podido seguir trabajando. Una buena parte de las actividades económicas se han podido realizar normalmente, o con mínimos cambios.

DPL: Si no se concretan estos diferimientos, ¿cómo podría la industria paliar los problemas de liquidez a los que se enfrentaría?

JC: Estamos haciendo mejoras en cuanto a eficiencia y control de costos como lo han hecho otras empresas. Yo creo que, en los próximos meses, buscar la eficiencia operativa va a ser el gran reto de las compañías, no sólo del sector de telecomunicaciones, sino de toda la economía. Estamos reduciendo costos de lo que es innecesario; a la vez, destinando presupuesto a iniciativas gubernamentales y privadas para llegar con abastecimiento, con alimentos y suministros a las familias más pobres.

Para la gran mayoría de ecuatorianos, pues tenemos una tasa de informalidad en el empleo superior al 45 por ciento, es inviable que sin ayudas adecuadas puedan quedarse confinadas y evitar que el virus se siga propagando. En ese sentido, las firmas también están destinando recursos financieros para la adquisición de bienes destinados a las familias más necesitadas. Las empresas ven el riesgo financiero que tienen, ven los eventuales problemas de liquidez, pero no pueden permanecer tampoco impávidas ante una realidad que es humanamente dolorosa; sobre todo en Guayaquil, en varias regiones de la costa. Entonces están poniendo su grano de arena y con un esfuerzo financiero bastante grande.

A futuro, lo que esperamos nosotros es continuar con los diálogos con el gobierno, hacerles ver que no queremos incumplir con obligaciones, sino que necesitamos que calcen los tiempos, de tal forma que, a medida que la economía vaya mejorando y que los recursos vuelvan a las empresas, nosotros también hagamos los pagos al Estado. Es decir, en lugar de hacer pagos en abril, que se nos difieran a julio o agosto.

La idea es conversar. Sabemos que el Estado también necesita recursos con mucha vehemencia. La reducción en los precios del petróleo ha hecho que los ingresos esperados por el Estado también disminuyan; es una situación a la que todos debemos ajustarnos y buscar una nueva realidad. El mundo como lo conocíamos hasta enero o febrero ya no va a existir, o va a tardar en volver a existir en varios meses o años. La idea es tratar de llevar esta emergencia de la mejor forma y ayudar a quienes más lo necesitan. Hay un gran número de ecuatorianos que viven al día.

DPL: Varios operadores dieron más gigas y capacidad gratis a sus usuarios por la contingencia. ¿Esta sería una medida sostenible a mediano o largo plazo, es decir, que pueda extenderse en los meses siguientes que dure la pandemia?

JC: Yo creo que sí, en la medida en que se normalice la mora de los usuarios. Hay un gran peligro en que se mantenga al infinitum la obligación de no cortar servicios si los clientes no están al día. Entendemos que esto pueda ser temporal, o focalizado incluso a ciertos estratos de la población o en zonas geográficas más afectadas por la pandemia, pero una norma de este tipo no es sostenible a largo plazo.

El aumento de gigas, de capacidad y velocidad es sostenible siempre que la tasa de mora sea baja y las empresas puedan continuar operando tranquilamente. Hay ciertas regulaciones que podrían cambiarse a corto plazo y que permitirían a las compañías tener un músculo financiero como para soltar.

Nosotros venimos trabajando hace ya tres años en una actualización del reglamento de tarifas y costos de uso del espectro. Con apenas algunos ajustes, como en el criterio de distancia para reflejar la realidad actual de la instalación de radiobases, podría reducir sustancialmente los pagos que las empresas deben hacer.

Existen opciones de política pública y opciones de cambios regulatorios, para que logremos que esta realidad pueda extenderse hasta que la crisis sea superada. Está planteada una transformación integral y radical que refleje las mejores prácticas de la industria en cuanto al pago de espectro, otras cargas regulatorias y procesos sancionatorios; tenemos varias alternativas que hemos presentado tanto al Mintel como al regulador (Arcotel), y esperamos que las conversaciones rindan frutos, porque la contingencia va a durar todavía; vamos a tener algunos meses más de confinamiento.

Creo que ningún operador quiere cortar servicios, porque es algo indispensable en estos momentos, incluso para estar informados. Nuestra idea es que no se corte el servicio a nadie, pero también que el Estado entienda que los recursos son limitados y que también hay opciones para permitir que las empresas destinen sus recursos para, por ejemplo, mantener estas promociones.

DPL: ¿Hasta ahora cómo han sido las respuestas del Ministerio y del regulador sobre estas propuestas que le han presentado?

JC: Están analizando; ellos también tienen algunas propuestas. Yo creo que el trabajo va a incrementar  en las próximas semanas. Espero que pronto tengamos un acuerdo y se den estos respiros a la industria; por lo pronto, hemos centrado las acciones en corregir errores en cuanto a las restricciones de tránsito.

Estamos colaborando en servicios geolocalización, por ejemplo, con las cifras que el presidente mostró la semana pasada sobre ciertos grupos de infectados que siguen movilizándose en la ciudad. Vamos a seguir dotando de estas herramientas tecnológicas, de Inteligencia Artificial y otras que nos permiten usar el data de las redes para que los esfuerzos para contener el virus sean más eficientes.

DPL: ¿Se encuentran preparadas las redes para soportar el aumento de tráfico durante el aislamiento?

JC: Sí, en eso no hemos tenido ningún problema. Lo que hemos hecho son recomendaciones a la ciudadanía para que modifique sus hábitos de consumo; por ejemplo, que las actividades de ocio se realicen en horas no laborables para que las velocidades de conexión no se reduzcan, a fin de que una videoconferencia se pueda realizar de manera óptima.

DPL: En medio de esta pandemia, ¿cuáles son los retos que ha identificado que enfrenta Ecuador en materia de conectividad?

JC: Ecuador tiene un reto grandísimo: el cambio de enfoque en materia de política pública. Nosotros adoptamos un enfoque recaudatorio y vimos al sector de telecomunicaciones como una especie de ‘vaca lechera’, del cual se podían sacar recursos casi ilimitados, y el mercado dista mucho de lo que fue hace cinco o diez años.

Todos esos ingresos enormes por llamadas telefónicas se ha minimizado, al igual que varias ganancias que ya no existen para las empresas; por ejemplo, llamadas internacionales, mensajes de texto: un montón de fuentes de ingreso que hoy son inexistentes, en un mercado que se basa en la transmisión de datos. Las llamadas por celular están siendo canibalizadas por aplicaciones OTT (over-the-top), como Skype, WhatsApp u otras que hacen que, a través de las redes de los operadores, se les quiten ingresos que antes percibían.

El principal reto que nosotros tenemos es cambiar ese enfoque de recaudación tributaria hacia un enfoque de desarrollo del sector y, sobre todo, de digitalización de la economía. Tenemos, según datos del gobierno, 319 parroquias sin ningún tipo de conectividad y eso es algo impensable en el siglo XXI. Estamos en el año 2020 y que haya gente sin acceso a Internet fijo o a una red móvil nos deja muchos retos.

Hay también un desafío muy grande que, me parece, debemos abordar empresas y gobierno en conjunto para evitar que la brecha de conectividad ―que se ha reducido― se transforme en una brecha de uso, que es lo que está pasando actualmente.

Vemos que los quintiles de ingresos más altos de la población utilizan el acceso a Internet para fines profesionales, educativos, para ver conferencias, papers, mientras los quintiles más bajos de la población los usa para mirar YouTube. Ahí tenemos una brecha de uso, que posiblemente tenga efectos más grandes en términos de desigualdad económica y social que la brecha digital. Existen varios retos: estos son los dos principales.

DPL: ¿Qué se puede mejorar en el desarrollo de infraestructura en el país?

JC: Tenemos ahí algunos cambios regulatorios que se deben hacer, sobre todo en compartición de infraestructura activa y pasiva. La idea es optimizar la infraestructura.

También el enfoque bajo el que se dieron las concesiones tiene que cambiar. A las empresas se les da un derecho de uso, no implica una obligación salvo cobertura en carreteras; se podría adoptar un modelo como el chileno, en el que se reducen los pagos al Estado, pero se adquieren obligaciones de cobertura de red móvil en el territorio.

Aquí tenemos una de las cargas de espectro más altas de la región; un estudio de la GSMA, de finales de 2018, indica que 14 por ciento de los ingresos totales de los operadores van hacia cargas para el sector; creo que el espectro en Ecuador es el segundo más caro después del de México.

Para ilustrar el enfoque recaudatorio: uno iba a los informes de rendición de cuentas del regulador y el primer dato que daban era el monto que había recaudado por multas y sanciones, cuando ese no es el fin de un regulador ni la orientación que debe tener la política pública. En lugar de jactarnos por ser quienes más hemos obtenido por una banda de espectro, hay que jactarnos de ser quienes tenemos las mejores condiciones y la menor cantidad de población no cubierta; es decir, un cambio completamente hacia un desarrollo de un ecosistema digital y de una cultura digital.

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