El 13 de abril, el Senado de la República aprobó en votación dividida una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR). El decreto ordena la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), es decir, una base de datos con información de las personas físicas o morales titulares de cada línea telefónica móvil que incluirá datos biométricos de los usuarios. 

Tan solo tres días después de la aprobación en Senado, el Diario Oficial de la Federación publicó tal reforma. El nuevo Panaut contendrá la siguiente información de cada usuario: número de línea telefónica móvil, fecha y hora de la activación de la línea adquirida en la tarjeta SIM y nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario.

El Panaut incluirá también datos como la nacionalidad del contratante de la línea, su número de identificación oficial con fotografía o CURP, datos biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, domicilio del usuario y datos del concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, de los autorizados.

De acuerdo con la publicación del Diario Oficial de la Federación, el registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será́ de carácter obligatorio para todos los usuarios.

Por otra parte, y de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, “los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, deberán recabar e ingresar la información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio del usuario, así como proporcionar la información con la cual se integrará el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”.

La reforma establecida en el Diario Oficial de la Federación también señala en su artículo tercero transitorio que “el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del Decreto, deberá́ emitir las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente Decreto”.

El objetivo principal del decreto es reducir la extorsión telefónica y otras conductas delictivas que son realizadas a través de líneas telefónicas móviles.

Habrá que recordar que el 15 de mayo de 2009 se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) con un objetivo similar al del Panaut. No obstante, dos años más tarde, el 29 de abril de 2011, el Senado de la República derogó el Renaut por considerarlo un mecanismo que no había funcionado desde su creación.

En ese momento se planteó, en cambio, una serie de mecanismos legales que obligaban a los concesionarios del servicio de telecomunicaciones a colaborar en el combate a los delitos: bloqueo inmediato de líneas de telefonía móvil reportadas por los clientes como robadas o extraviadas, contar con sistemas y equipos tecnológicos que permitieran la ubicación o localización geográfica en tiempo real de los teléfonos móviles, así como colaborar con las autoridades competentes para cancelar o inhibir de manera permanente las señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los reclusorios.

“La medida también vulnera varios derechos humanos y, peor aún, la base de datos biométricos sugiere un espionaje digital por parte del Estado.”

— Servando Vargas —

Uno de los elementos que marcan una gran diferencia entre el Renaut y el Panaut es la introducción de datos biométricos de los usuarios en la base de datos del Panaut. Este último requerimiento ha causado una gran polémica en México, ya que se podrán incluir la toma de huellas dactilares, la identificación de voz, reconocimiento facial e, incluso, el escaneo del iris de los usuarios.

Será el Instituto Federal de Telecomunicación (IFT) el que determine dentro de los próximos ciento ochenta días posteriores al decreto del Diario Oficial de la Federación, cuáles de estos datos serán obligatorios.

En este contexto, habrá que señalar que la desconfianza del consumidor mexicano en aportar sus datos biométricos es válida en función de que muchas veces este tipo de información ha sido hackeada.

Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó en 2016 que el partido Movimiento Ciudadano (MC) filtró el padrón de electores a un portal de Internet de Suecia, desde el cual era posible hasta 2013 acceder a la dirección y clave de elector de los ciudadanos, lo cual fue admitido por el propio partido político.

A finales de 2020, Banco Base manifestó que fue objeto de un ataque cibernético en sus equipos informáticos; aunque el mismo banco señaló que los datos de los clientes de la institución no fueron vulnerados, esta práctica está latente no sólo en la banca sino en todos los sectores productivos de la economía nacional y global.

No obstante, la razón principal de la negativa de los usuarios de servicios móviles en proporcionar sus datos biométricos tiene que ver con la invasión a su privacidad y el robo de identidad, con la cual los delincuentes podrán tener la oportunidad de acceder a sus cuentas y servicios financieros.

La medida también vulnera varios derechos humanos y, peor aún, la base de datos biométricos sugiere un espionaje digital por parte del Estado.

De acuerdo con varios expertos, la experiencia en otras naciones de América Latina como Colombia, Argentina y Uruguay ha demostrado que estos padrones han fracasado en el combate al robo, extorsión y secuestro. De hecho, el Renaut fue un contundente revés.

En el debate en el Senado de la República, previo a la aprobación del Panaut, la senadora Xóchitl Gálvez señaló que 60 por ciento de las extorsiones se generan en los penales. Para el presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, Gerardo Soria, 80 por ciento de las extorsiones telefónicas provienen de las cárceles. Esta realidad no es nueva y es bien conocida por las autoridades, no obstante, estos delitos continúan en aumento.

Inhibir las señales de dispositivos móviles en los penales podría aliviar en gran parte las extorsiones y no el Panaut, cuya base de datos biométricos podría ser utilizada por la misma delincuencia para continuar con su carrera delictiva. De hecho, ya han existido esfuerzos por inhibir las señales de los equipos móviles, pero los equipos inhibidores son desconectados o inutilizados, anulando su función.

Para el sector de las telecomunicaciones, el Panaut representa una medida adversa para su crecimiento en función de que las tiendas de conveniencia, departamentales y pequeños negocios son grandes distribuidores de líneas móviles y serán afectados por el decreto.

Los datos biométricos de los usuarios como nuevo requisito para acceder a una línea móvil, representarán la introducción de una plataforma digital para cada distribuidor para registrar a los nuevos y actuales usuarios de servicios móviles, lo cual significa una inversión.

Quizá para algunas tiendas departamentales la inversión no sea significativa, pero para la mayoría de las tiendas de conveniencia y pequeños negocios o distribuidores, la inversión puede ser relevante.

Por otra parte, registrar a un usuario será muy engorroso si tomamos en cuenta que hay que escanear sus huellas digitales, grabar su voz, digitalizar su cara e iris para poder cumplir con la nueva disposición.

Lo anterior, sin considerar la demás información o datos que serán una obligación para registrarse y acceder a una línea móvil: identificación oficial o CURP, datos de tarjeta de crédito, comprobante de domicilio, etc.

En este contexto, habrá que señalar que adicional a la inversión, los pequeños distribuidores deberán dedicar tiempo y recursos humanos capacitados para poder dar de alta a un suscriptor de servicios, lo cual podría significar para muchos pequeños distribuidores y tiendas de conveniencia, dejar este negocio o, en su defecto, incrementar su comisión a los operadores de telecomunicaciones, los cuales podrían trasladar este costo a los usuarios finales.

Lo anterior también aplica para los operadores móviles, en función de que deberán dedicar inversión y recursos para poder cumplir con las obligaciones emanadas del Panaut, lo cual implica un aumento en sus gastos operativos.

Para los Operadores Móviles Virtuales (OMVs), la nueva disposición les afecta en mayor medida, en función de que sus recursos humanos, operativos y financieros son limitados.

En el contexto anterior, los Centros de Atención a Clientes de los operadores móviles serán insuficientes para atender a los más de 96 millones de suscriptores móviles en México (segundo trimestre de 2020) que deberán proporcionar sus datos biométricos. El tiempo para dar de alta a un nuevo suscriptor móvil o actualizar sus datos biométricos de los actuales usuarios, será mucho más largo que vacunarse contra la Covid-19.

Para finalizar, las recientes suspensiones provisionales a la obligación de registrar los datos biométricos en el Panaut muestran el rechazo de la población a la reforma de la LFTR.

Dentro de los principales motivos están la invasión a la privacidad de los usuarios, la violación de sus derechos humanos, la probada inefectividad de la medida en México y en otras latitudes, así como el temor de suplantación de identidad para efectos de robo y extorsión.

La filtración de información es, sin duda, otro de los elementos que produce inquietud en los actuales y futuros suscriptores. Es el actual Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación quien ahora defiende la creación del Panaut, una de las personas involucradas en la filtración del padrón de electores de México en 2012.

Si hay evidencia de que es en los penales donde se genera la mayor parte de las extorsiones telefónicas, entonces el Panaut debería ser cancelado, pero sería necesario hacer efectivo el funcionamiento de los inhibidores de señales móviles en las cárceles.

Es muy posible que el mal uso de estos equipos ocurra en función de la enorme corrupción que existe en estos centros de readaptación social, donde los internos tienen líneas telefónicas móviles que no son permitidas, por lo cual las autoridades deben erradicar este profundo problema de raíz.

De otra manera, el requerimiento de los datos biométricos en el padrón será negativo para los consumidores y todo el sector de telecomunicaciones en México.

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