Proyecto de ley busca transformar que Internet en Chile sea un servicio público

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El Economista América

La crisis sanitaria derivada de la expansión del covid-19,y la necesidad de teletrabajar, tele estudiar, hacer trámites o comprar on line, ha confirmado la existencia de una serie de desigualdades en el acceso a internet en el país, con sectores de la población que no pueden pagar el servicio o zonas que simplemente no están conectadas a la red.

Para hacer frente a esta realidad, la semana pasada se empezó a discutir en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado un proyecto de ley que busca declarar a internet -en la Ley de Telecomunicaciones- como un servicio público.

“El objetivo es garantizar acceso universal, de calidad asegurada y a costos razonables. Al ser un servicio público, el rol del Estado es obligar a que ese acceso sea real, ya sea vía subsidios o como parte de la concesión. Eso será parte del debate parlamentari”, explica el senador Juan Pablo Letelier, uno de los patrocinadores de la iniciativa.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) declinó pronunciarse argumentando que el proyecto está en una fase muy incipiente.

A nivel internacional, como en Canadá, Finlandia, Estonia, Israel y Corea del Sur, Internet es considerado un servicio básico para toda persona, debido a la incidencia que tiene en la calidad de vida, el desarrollo, la educación y productividad de los países. Para ello, el Estado ha asumido un rol regulador que garantiza que se disponga de este servicio de manera equitativa.

Según cifras de la Subtel, 49% de los hogares en Chile tiene acceso a Internet fijo, mientras que, a marzo de este año, se registró un alza de 21,3% de las conexiones de alta velocidad (banda ancha y acceso 4G). Sin embargo, a nivel nacional aún quedan 200 comunas con menos del 20% de penetración de banda ancha en el hogar.

En el caso de la Región Metropolitana, hay algunas en la que incluso la conectividad está por debajo de este promedio nacional y se mantienen “zonas rojas de conectividad”, como es el caso de Cerro Navia, donde la penetración del internet fijo llega solo al 22,7%.

Esta desigualdad digital ha quedado al descubierto a raíz de la emergencia sanitaria generada por el covid-19, donde el teletrabajo, clases en línea para los estudiantes o la posibilidad para hacer trámites por internet y evitar salir de la casa, solo han estado al alcance de algunos.

“El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones es el único instrumento que tiene el Estado para establecer ciertos incentivos para instalar torres y antenas; sin embargo, ha mostrado ser insuficiente para garantizar acceso universal, donde hay una segunda dimensión que son las tarifas. Hay una parte del país que, por ejemplo, puede hacer tele estudio y teletrabajo, pero existen otras -no solo en zonas rurales- que no tienen esa posibilidad porque no cuentan con Internet o la calidad es baja”, añade Letelier.

En esa línea, el presidente del Directorio de Fundación País Digital, Pelayo Covarrubias, señala que Chile, como lo han hecho otros países, debe avanzar en lograr cubrir todo el territorio con fibra óptica, pero también llegar a los hogares.

“Hoy existe un proyecto que impulsa una cuarta carretera de infraestructura digital, pero debemos definir como país qué es lo que queremos priorizar; si la inversión en grandes carreteras o la última milla (hogares)”, comenta.

Para el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz, declarar Internet como un servicio público debe ser parte de un acuerdo público privado.

“El Estado debe generar -sostiene- las condiciones y el sector privado prestar los servicios. La institucionalidad deberá adecuarse para ello; el sector privado deberá asumirlo como un desafío del futuro próximo que demandará un esfuerzo importante”, enfatiza, agregando que la conectividad ha mostrado no solo ser fundamental en situaciones críticas como la pandemia que estamos enfrentando, sino también, para proyectar el Chile del futuro.

Cifras

El presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), Rodrigo Ramírez, destaca que la crisis generada por la pandemia puso en evidencia que en el país hay una importante desigualdad digital y que resolver este tema es estratégico.

“Esta emergencia desnudó al sector, ya que no se cuenta con datos suficientes para hacer mejores inversiones y políticas públicas. Debiéramos hacer una reinterpretación de cómo estamos midiendo acceso, penetración y uso de Internet. En el indicador global, Chile está en la mejor posición de América Latina, pero al desagregar las cifras nos damos cuenta de que hay muchas cosas por hacer”.

Detalla que en Chile el acceso a Internet está dado por los dispositivos móviles (celular) y a internet móvil y no así al fijo, que es el que asegura las actividades básicas dentro del hogar.

“Hoy es el mejor momento -afirma Ramírez- que el Estado tiene para motivar el despliegue de inversión en infraestructura digital, porque va a ser el factor que dará ventajas competitivas tanto para las personas, como para las empresas”.

En ese contexto, una fórmula para incentivar a las empresas a invertir es que el Estado mejore regulación, agilizar la tramitación de permisos o disminuir la carga burocrática y normativa para instalar torres o antenas. Ya lo hicieron, por ejemplo, Colombia y Brasil, emitiendo decretos para facilitar el despliegue de infraestructura en períodos de crisis.

Idicam postula el concepto de bienestar digital, principalmente en situaciones de emergencia. Para ello, postula que el Estado podría entregar un bono digital. “Es decir, se les debe asegurar 6.000 pesos (menos de 2% del ingreso mínimo) o el equivalente a tres gigas por persona que permita hacer trámites, estudiar o trabajar en línea, entre otras actividades”, explica.Ramírez señala que al aumentar en 10%, por ejemplo, el acceso a Internet de una comuna, hay un impacto directo en la calidad de vida de las personas y en los indicadores de desarrollo humano definidos por Naciones Unidas.

Para el gremio también resulta clave avanzar en una mayor digitalización de los servicios del Estado, donde la crisis también puso al descubierto deficiencias relevantes que aún obligan a hacer muchos trámites presencialmente.

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