Proyecto de ley para regular contenidos en medios e Internet enciende las alertas en Colombia

La ministra TIC presentó una iniciativa que determina obligaciones para medios de comunicación e ISP sobre la difusión de contenidos que podrían atentar contra los derechos de niños y adolescentes. El proyecto ha recibido críticas acerca de sus alcances y el potencial riesgo de censura.

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La Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó, en primer debate, un proyecto de ley que busca regular las responsabilidades de los medios de comunicación y los proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) frente a contenidos que pueden atentar contra los derechos de niños y adolescentes.

Aunque su objetivo es proteger derechos fundamentales, la iniciativa, presentada por la Ministra TIC Karen Abudinen, ha recibido varios cuestionamientos y advertencias sobre que limitaría la libertad de expresión e impondría mecanismos de censura previa.

El proyecto identifica como “medios” responsables de los contenidos que se difunden tanto en la televisión y radio como en Internet a los medios de comunicación y a los ISP, por lo que les ordena una serie de obligaciones para resguardar los derechos de la infancia.

Uno de los elementos más controvertidos de la propuesta es que busca establecer una comisión de expertos formada por peritos jurídicos y técnicos, y expertos en telecomunicaciones, para que elaboren un catálogo de contenidos que puedan atentar contra la integridad de niños y adolescentes. También se encargarían de diseñar medidas para evitar la difusión de contenidos dañinos.

“Hay posibilidad de que el día de mañana un gobierno decida qué contenidos que puedan hablar de educación sexual LGBTI atentan contra la integridad moral de nuestros niños. O si el día de mañana un gobierno decida que un contenido de una red social que llame a la movilización puede atentar contra los niños. Y entonces busquen censurar esos contenidos”, alertó la legisladora Juanita Goebertus.

La iniciativa también contempla que los medios cuenten con un código de buenas prácticas; que el horario de programas con contenido violento o sexual se limite a ser transmitido de 22:00 a 05:00 horas; la difusión de advertencias acerca de la clasificación de programas antes de su emisión, y otras condiciones.

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Para los ISP, el proyecto de ley plantea una serie de prohibiciones: entre ellas, dicta que no podrán “alojar en su propio sitio web imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que atenten directa o indirectamente contra la integridad moral, psíquica o física de la niñez, la infancia y la adolescencia, que inciten a la violencia, que hagan apología de hechos delictivos o contravencionales, o que contengan mensajes discriminatorios”. Ni tampoco vínculos a sitios web dañinos.

Asimismo, establece que los proveedores de Internet deben denunciar cualquier acto criminal que afecte a los niños; “combatir con todos los medios técnicos a su alcance” la difusión de material dañino o inapropiado, y abstenerse de usar Internet para divulgar contenido de este tipo.

El proyecto de la ministra TIC también propone que los ISP implementen sistemas internos de seguridad para evitar el acceso no autorizado a su red y prevenir actos que vulneren los derechos de los niños; y desplieguen infraestructura y técnicas de control para clasificar los contenidos con el fin de impedir el acceso a los que sean violentos, dañinos o discriminatorios.

Si los “medios” (de comunicación e ISP) no cumplen con las disposiciones, la iniciativa define un régimen sancionatorio que incluye la amonestación, la realización de un programa dedicado a las responsabilidades de los medios respecto a los derechos de la infancia, la suspensión del título habilitante y multas económicas.

Por un lado, la propuesta de ley despertó las alarmas debido a las posibilidades de que amenace la libertad de expresión. La Fundación para la Libertad de Prensa afirmó que el proyecto promueve la censura y restringe la libertad de los medios a definir su propia línea editorial, además de que daría una vía libre a los gobiernos para limitar contenidos sin que realmente sean violentos o dañinos.

Asimismo, al identificarlos como “medios”, a los ISP se les imponen obligaciones de moderación de contenido que no estarían a su alcance. Los proveedores se encargan de prestar un servicio de acceso a Internet, pero no controlan los materiales que se publican o difunden en las páginas web ni en las plataformas digitales.