Proyecto de ley para regular plataformas digitales en Chile pone en riesgo derechos humanos

Ocho organizaciones advierten que la propuesta radicada en el Senado atentaría contra derechos como la libertad de expresión y la promoción de una Internet abierta y libre.

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Al Senado de Chile ingresó en septiembre un proyecto de ley que busca regular las plataformas digitales, como Twitter y Facebook, con el objetivo expreso de evitar que los intereses comerciales pasen por encima de los derechos fundamentales de las personas.

Sin embargo, ocho organizaciones emitieron una declaración conjunta de rechazo contra la iniciativa, advirtiendo que su contenido, por el contrario, abriría la puerta a la vulneración de los derechos humanos, por lo que hicieron un llamado a detener la tramitación del documento.

Las organizaciones firmantes son Internet Society Capítulo Chile, el Observatorio del Derecho a la Comunicación, la Fundación Datos Protegidos, Derechos Digitales, el Centro de Estudios de Derecho Informático de la Universidad de Chile, la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, el Colegio de Periodistas de Chile y la Fundación Saber Futuro.

En su posicionamiento, las asociaciones identifican varios problemas en el proyecto. En primer lugar, señalan que la propuesta no contribuiría a ofrecer soluciones efectivas ni respetuosas de los derechos como la libertad de expresión, la protección de datos personales o la protección a la infancia en la red, debido a que confunde las materias a regular y contraviene recomendaciones de organismos internacionales.

Uno de los artículos de la iniciativa crea el concepto de “consumidor digital”, entendido como la persona que utiliza bienes y servicios mediante las plataformas. Dicha definición ignora “los derechos fundamentales involucrados en el uso de las plataformas digitales”, alertan las organizaciones.

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Por ejemplo, el proyecto busca consagrar el derecho de “libertad de expresión digital” sin considerar que no se puede hacer una distinción del ejercicio de esta garantía en el mundo online y offline. Se trata de un solo derecho ―explican― que debe ser respetado de la misma manera en el entorno digital, como lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Otro aspecto problemático de la iniciativa es que contempla el “derecho a rectificación y olvido”, a que los consumidores pidan que se corrijan contenidos por considerar que atentan contra su imagen o intimidad.

Este punto “crea incentivos perversos para que las plataformas digitales puedan eliminar contenido que pueda ser calificado como ilícito (…), sin tener claridad legal de quién podría realizar esa calificación, ni si se requerirá la intervención de la justicia para ponderar los derechos fundamentales en juego (como la privacidad,  libertad de expresión, etc.)”, advierte la declaración conjunta.

La propuesta también contempla permitir el bloqueo de una plataforma digital cuando un juez resuelva que esta es responsable de daños a los usuarios. Las ocho organizaciones indican que esto contraviene los derechos humanos, e impediría asegurar y promover una Internet abierta y libre en la que las personas puedan expresarse y ejercer sus garantías.

Además, establecer una “responsabilidad objetiva” a los proveedores de las plataformas acarrearía consecuencias indeseadas, como fomentar mecanismos de control de contenido preventivo y, en última instancia, afectar la libertad de expresión de los usuarios.

Pero las organizaciones no sólo ven fallas en el articulado del proyecto de ley que ingresó al Senado, sino desde la definición de qué son las plataformas digitales. Por ello, pidieron que no avanzara la tramitación y que se instaure un debate abierto, amplio y participativo, para poder escuchar las opiniones de especialistas y el trabajo de las organizaciones nacionales e internacionales expertas en la materia.