El grupo de 14 fiscales generales, encabezados por California y Nueva York, pidieron al juez Víctor Marrero, a cargo del caso sobre la fusión de T-Mobile y Sprint, que ignore las aprobaciones regulatorias del Departamento de Justicia (DoJ, en inglés) de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) sobre el acuerdo, pues hicieron “un examen superficial” de las condiciones.

La réplica se hizo después de que la FCC y el DoJ defendieron la fusión de los operadores en la corte federal de Manhattan a finales de diciembre pasado, donde se desarrolla el proceso, e instaron a “dar el debido peso” al análisis que ambos hicieron para aprobar la transacción.

Sin embargo, los fiscales estatales argumentaron que “el gobierno federal aprobó la fusión con lo que parece ser sólo un examen superficial de las condiciones de aprobación”, por lo que la decisión que emitieron fue “inconsistente”, mientras que ellos habían estudiado el acuerdo por 15 meses.

Una de las condiciones bajo la cual los organismos federales dieron luz verde al convenio de los operadores es un plan para vender los activos de prepago de Sprint a Dish, con el fin de abrir paso a un nuevo competidor móvil y garantizar la competencia.

“Sólo una pequeña fracción de los activos de la compañía fusionada se venderá a Dish; Dish no tiene experiencia en el mercado inalámbrico y tiene un historial de promesas incumplidas. Dependerá de la nueva red de T-Mobile y carecerá de la escala necesaria para éxito a largo plazo como proveedor inalámbrico nacional”, expusieron los estados demandantes.

El bloque estatal ha señalado durante el juicio que dejar que ambas empresas se fusionen perjudicaría a los consumidores, elevando las tarifas de los servicios. Además, han cuestionado la decisión federal de autorizar el acuerdo de manera inusual, ya que el jefe de la División Antimonopolio del DoJ, Makan Delrahim, ayudó detrás de escenas a gestionar la fusión, según mensajes de texto que intercambió con el Presidente de Dish, Charlie Ergen.

Desde el 9 de diciembre, se libra una batalla judicial en el Tribunal de Distrito para el Sur de Nueva York de Estados Unidos entre las compañías y el frente estatal que busca bloquear la fusión valorada en más de 26 mil millones de dólares. Se espera que el fallo del juez llegue en febrero.

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