Renaut ¡express!

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Shot of an unrecognizable group of people social networking outside

El Economista Marco A. Mares

En sesión de ¡un minuto! de duración fue aprobada ayer, por mayoría, el dictamen de la iniciativa de ley para crear el padrón de usuarios de telefonía móvil, en la Comisión de Asuntos Legislativos. Se turnó al pleno de la Cámara de Senadores.

Como le comenté en este espacio, la iniciativa prevé que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y los operadores recaben la información de los usuarios de telefonía móvil, incluidos los datos biométricos.

Esta iniciativa, fue aprobada previamente en la Cámara de Diputados. Ayer 6 de abril, se aprobó en un “pestañeo” en la Comisión de Asuntos Legislativos y pasa al pleno de la Cámara de Senadores. 

Aseguran quienes siguen de cerca el tema que este jueves será aprobada, sin escuchar a las partes interesadas.

A pesar de la fallida experiencia reciente, parece inexorable que el gobierno lopezobradorista tropezará con la misma piedra.

El Reanut reloaded -como le llaman a este padrón cuyas características son similares al que fracasó en el pasado reciente- ha generado intensa movilización entre las organizaciones civiles que luchan por los derechos de la privacidad de las personas.

Les preocupa el posible uso fraudulento de los datos personales recabados y consideran excesivo que se recaben datos biométricos.

Advierten que existe el riesgo de que los datos de los usuarios de los servicios móviles se almacenen en servidores localizados en otros países.

Si se aprueba en los términos planteados, esta iniciativa afectará negativamente a todos los operadores de servicios de telecomunicaciones.

Pero en particular impactará negativamente a los pequeños distribuidores de servicios móviles que comercializan los servicios de los operadores, pues tendrán que invertir en tecnología para poder realizar el registro de los usuarios.Además tendrá un efecto más grave para los distribuidores de pequeñas poblaciones que incluso podría obligarlos a dejar de comercializar servicios y en consecuencia se reducirá la penetración de los servicios móviles para los mexicanos más pobres.

Otro sector que resultará afectado negativamente es el de los operadores móviles virtuales que se ha venido expandiendo en México y que se basa en un modelo de costos mínimos.

Y lo peor de todo es que previsiblemente, como ya lo demostró la experiencia reciente del Renaut, en lugar de reducir la criminalidad, la aumentará.Es decir, el robo de equipos celulares aumentará.

En el plano de la ejecución de la iniciativa de ley, el IFT tiene que trabajar a marchas forzadas para emitir los lineamientos.

Y los plazos para la entrada en vigor de las nuevas obligaciones son muy cortos.

Al final, según el cálculo de los operadores de telecomunicaciones, tardará al menos dos años concluir el proceso de registro.

La alternativa es mucho más sencilla, rápida y económica para combatir el uso de equipos celulares en actividades delincuenciales.

Tan simple como  enfocarse en la ley en vigor y las facultades  con las que ya cuenta el IFT.

Operadores y autoridades de seguridad saben que el 80% de las llamadas de extorsión provienen de los centros penitenciarios, por lo que podrían brindarse mecanismos legales a los operadores para que bloqueen de manera más expedita los números identificados en presuntas actividades ilícitas.

La pregunta que subyace en el sector de telecomunicaciones es: ¿a quién le interesa tanto tener un padrón con los datos biométricos de la población mexicana?

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