La pandemia por el coronavirus y el consecuente confinamiento de las personas llevaron a los distintos países a buscar medidas diversas para tratar de mitigar sus efectos sobre la economía general, así como la de las personas. Naturalmente, los servicios TIC no quedaron al margen. Así, y como bien puede observarse en el excelente informe “Telecomunicaciones: infraestructuras críticas y servicios digitales esenciales. Gobiernos, reguladores, instituciones y empresas en acción para enfrentar Covid-19”, realizado por DPL Consulting, en la región de América Latina y con distintas características, fueron surgiendo medidas destinadas a garantizar la continuidad de la conectividad de la población.

Estas mismas tendencias se vieron reflejadas en Argentina. No obstante, en una economía afectada por una alta inflación y una recesión preexistente a la llegada de la pandemia, la aplicación de este tipo de medidas requiere de ciertas consideraciones particulares, lo que vuelve más complejo su abordaje. Un escenario que se vio agravado por el impacto de las internas políticas de la coalición gobernante.

Todo arrancó con el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 311/20, del 24/03, que establecía que las prestadoras de servicios TIC (entre otros servicios) no podían disponer de la suspensión o corte de servicios en caso de mora o falta de pago hasta tres facturas con vencimientos desde el 1/3/20. Particularmente para las TIC obligaba a mantener un servicio reducido, algo que no es aplicable por su naturaleza a otros servicios como agua, electricidad o gas. La obligación se estableció por 180 días.

Pocos días después, el regulador Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), junto con la Secretaría de Innovación Pública, y en acuerdo con los prestadores del servicio, resolvieron congelar los precios de los servicios prepagos móviles, así como los de telefonía fija, retrotrayéndolos a los valores vigentes en diciembre último. En una economía como la Argentina, con una inflación anual de 54 por ciento en 2019 (y que nada indica que se desacelere en 2020), no es un dato menor. Más aun considerando que las líneas prepagas equivalen a 59 por ciento del total en servicio.

Adicionalmente, los operadores acordaron ofrecer en forma gratuita otros beneficios, como el zero rating en datos móviles para la navegación en los portales de los ministerios de Educación y de Salud, así como de distintas universidades, la entrega de tarjetas prepagas para establecimientos carcelarios (lo que lamentablemente produjo efectos colaterales no deseados) y la instalación o ampliación de distintas líneas de numeración corta para información y atención a la población en aspectos relacionados con la pandemia.

En los últimos tiempos, entre el regulador Enacom y las empresas prestarias de servicios TIC se venía negociando un congelamiento de las tarifas de todos éstos (telefonía fija y móvil, acceso a Internet y TV de pago). El regulador pidió 180 días y las empresas propusieron hacerlo por 90 días, argumentando que en una economía con una alta inflación un congelamiento durante medio año sería devastador para su salud económico-financiera. Una situación que, además, se ve agravada por una disminución de la recaudación, que desde que arrancó el aislamiento obligatorio resultó ser del orden de 30 por ciento (entre morosos y menores recargas de productos prepagos), en paralelo con subas de los costos (en pesos y en dólares) tanto operativos como de las inversiones.

Este escenario de medidas para hacer más llevadera la difícil situación económica y social en un marco de diálogo y consensos, se vio alterado con dos proyectos de ley provenientes del oficialismo en el Congreso. Uno propone el congelamiento de tarifas, el otro la prohibición de cortes o suspensiones de servicio por morosidad o falta de pago.

Bajo el título de “Suspensión de aumentos y revisión de tarifas de servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico y satelital”, el proyecto busca producir el congelamiento total de tarifas de todos los servicios TIC, retrotrayéndolos a los valores del 1º de febrero. Asimismo, establece que la medida durará lo que esté vigente el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” establecido por el Decreto 297/2020 y prorrogado en diversas oportunidades el 31/3, el 11/4 y el 26/4.

Más allá de que un congelamiento en una economía inflacionaria equivale en los hechos a una rebaja significativa de los precios, la historia reciente de congelamientos de tarifas en Argentina no tuvo un final feliz.

Establecidas luego de la debacle económica y social de 2002, las mismas se mantuvieron vigentes durante 13 años, a pesar de períodos como el de 2003 al 2007 en el cual el PBI creció a tasas entre 8 y 9 por ciento anual. El resultado es conocido: precarización total de la infraestructura afectada a esas tarifas congeladas, tanto en materia de telecomunicaciones como de otros servicios. Por lo tanto, hablar de congelamientos de tarifas (en una sociedad donde lo temporario suele tener una duración mayor a la prometida inicialmente) genera una lógica preocupación.

El otro proyecto, bajo el nombre de “Abstención de cortes del suministro de servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable” prohíbe a las empresas de servicios TIC la suspensión o corte de sus servicios ante morosidad o falta de pago de facturas con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020 y durante la vigencia del Estado de Emergencia determinado por Decreto 260/2020. A diferencia de lo establecido en el DNU 311/20, no se trata de ofrecer un servicio reducido sino del originalmente pactado. Conviene recordar que tiene vigencia por un año, si es que no hay prórrogas, hasta el 1 de marzo de 2021, mientras que el DNU 311/20 en vigor estableció 180 días.

Con los valores de morosidad actual, del orden de 20 por ciento luego de que reabrieran las bocas de pago en efectivo no bancarias, esta prohibición sería una invitación al no pago, con consecuencias no deseadas en la ecuación económica de las empresas que repercutirían, sin lugar a dudas, en sus inversiones y gastos corrientes.

Lo llamativo es que esto se da con un sector que ha demostrado haber estado a la altura durante la pandemia. A pesar de registrarse en la semana inicial del aislamiento social aumentos de tráfico equivalentes a los que normalmente hubieran correspondido a los que se dan durante un año, la infraestructura respondió sin inmutarse, amén de algunos casos puntuales de determinados operadores. Esto puede observarse en el siguiente gráfico, con base en datos de Speedtest, que muestra apenas una leve caída en las velocidades de accesos de banda ancha fija y no registra impacto alguno en las redes móviles.

Por otra parte, así como las TIC demostraron su valor durante la cuarentena, respondiendo sin mayores sobresaltos, también serán fundamentales para la recuperación una vez superada la crisis sanitaria. Ésta dependerá, entre otros factores, de que se mantenga la capacidad productiva del país. Y parte de ésta dependerá, a su vez, de contar con una infraestructura digital que tienda a ser mejor y no peor que la actual.

Conviene destacar, por otro lado, que este rol no lo jugarán únicamente las grandes empresas nacionales y multinacionales del sector, sino también cientos de pymes y cooperativas que ofrecen servicios TIC que igualmente quedarían comprometidas de avanzarse, si estas decisiones se tomaran de forma unilateral.

Medidas de este tipo llevarían indefectiblemente a una baja en la inversión para poder afrontar los gastos corrientes (que también se verían afectados). Lo último que necesita el país para recuperarse son empresas de infraestructura disminuidas y sin recursos para inversión para, no ya mejorar sus capacidades, sino para mantenerlas.

La pregunta que surge ahora es: ¿por qué si en el Poder Ejecutivo Nacional hubo desde el principio una actitud dialoguista en busca de consensos, desde el propio oficialismo, en el Poder Legislativo, se impulsan normas draconianas hacia la industria que demostró estar a la altura de las circunstancias? La respuesta está en que el gobierno llegó al poder conformado por una coalición de fuerzas. Y son justamente aquellas del ala más radical las que impulsan medidas más extremas en forma y fondo que las propiciadas por el Ejecutivo.

Estas mismas diferencias también son perceptibles al interior del órgano regulador de las telecomunicaciones, el Enacom, aunque en este caso no afectaron el norte de la política en la materia. Al menos por ahora. No obstante, es indudable que las diferencias internas en la coalición de gobierno comienzan a repercutir en la política a nivel nacional. Porque una cosa es una coalición electoral y otra, muy distinta, una de gobierno.

Lo mejor para todos sería que cualquier decisión para mitigar los efectos de la pandemia sea alcanzada a través del diálogo y el consenso, como vino sucediendo hasta ahora. Se evitará así que el paliativo atente contra la recuperación que deberá darse pasado lo peor de la pandemia. Esperemos que los legisladores tengan en cuenta que el corto plazo no debe comprometer el mediano y el largo. Ironías del destino, ambos proyectos de ley aún no pudieron ser tratados debido a las dificultades del Congreso para sesionar en forma remota no por la parte vinculada a la conectividad sino por el sistema de votación.

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