Saña contra Nexos y Letras Libres

0
107

El Economista Jorge Bravo

El presidente López Obrador utiliza la conferencia matutina -un espacio para ejercer su libertad de expresión y derecho de réplica, aunque mal entendido- para cuestionar a quienes la practican en su contra. Lo riesgoso del ejercicio es que lo hace de forma selectiva y recurrente, principalmente contra el periódico Reforma y las revistas Nexos y Letras Libres, medios a los cuales tacha de neoliberales con toda la carga negativa que les quiere atribuir.

La libertad de expresión es el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas a través de cualquier vía, incluidas las tecnologías de la información. Este derecho no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades posteriores expresamente fijadas en la ley. La Constitución detalla los límites a la libertad de expresión: cuando se ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.

Ningún derecho ni libertad son absolutos. Recientemente, la canciller alemana lo recalcó en un ovacionado discurso en el Parlamento: “a todos aquellos que dicen que no pueden expresar sus opiniones les digo: si das tu opinión, debes asumir el hecho de que te puede llevar la contraria. Expresar una opinión tiene sus costes. Pero la libertad de expresión tiene sus límites: esos límites comienzan cuando se propaga el odio, empiezan cuando la dignidad de otra persona es violada”.

Durante la conferencia matutina del 8 de septiembre, el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez, por instrucciones presidenciales, transparentó datos ya públicos y conocidos sobre el gasto en comunicación social a los grupos editoriales Nexos, Vuelta (Letras Libres) y Clío.

El rastreo del vocero reveló que entre 2006 y 2018 la empresa que publica Nexos tuvo ingresos del gobierno federal por 140.5 millones de pesos, de los cuales 87 millones fueron por publicidad oficial. Vuelta-Letras Libres obtuvo contratos federales en 12 años por 90.4 millones de pesos, de los cuales 74.5 millones fueron de publicidad. Finalmente, Editorial Clío recibió en esos dos sexenios 185.4 millones (119 millones por concepto de publicidad).

Ni el Vocero ni el Presidente aclararon que muchos otros medios también recibieron gasto federal de comunicación y que no hay nada de malo ni ilegal en ello.

Estos datos se “revelan” luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) diera a conocer en elDiario Oficial de la Federación un procedimiento que inhabilita, por dos años, a la empresa Nexos para prestar sus servicios publicitarios y editoriales a dependencias gubernamentales federales, incluida la venta de libros. Además, le aplicó una multa por casi un millón de pesos a la editorial Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura S.A. de C.V. por supuestamente presentar información falsa en una adjudicación, lo cual no ha sido aceptado por Nexos. La circular de la SFP instruye que las dependencias federales “deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno” con la empresa Nexos.

Según la revista Nexos, en 2018 la publicación “ganó una adjudicación del Instituto Mexicano del Seguro Social y obtuvo una (1) página de publicidad por 74,000 pesos”. Por su parte, la SFP señala que “la empresa entregó documentación con información falsa al obtener la asignación directa de un contrato para la difusión de (una) campaña institucional” y “resolvió sancionarla con inhabilitación por 2 años y multa por 999,440 pesos.” La inhabilitación de Nexos es independiente de la multa; la SFP advirtió que en tanto no la pague, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.

La resolución de la SFP y las constantes alusiones presidenciales pueden considerarse un atentado contra la libertad de expresión, dada la postura crítica de esos medios. El acto no sólo asfixiaría financieramente a dicha publicación sino que las plumas y las posturas de colaboradores que se publican en ese grupo editorial también se limitarían.

Cuando un funcionario público descalifica, denuesta o le atribuye sobrenombres a periodistas, comunicadores, analistas o intelectuales no sólo exhibe un desprecio por la libertad de expresión, también alienta actos de violencia, discriminación, intolerancia, discursos de odio y abusos de poder. La situación es aún más grave cuando las descalificaciones provienen directamente del Ejecutivo Federal, porque otros actores se sienten legitimados o impelidos para atentar contra las libertades informativas si desde la tribuna más elevada se emplean expresiones denigratorias, se emiten burlas o se asignan etiquetas para demeritar el trabajo periodístico, opinativo o de análisis de profesionales y medios de comunicación, creando con ello un clima de intimidación.

Algunos señalan que la inhabilitación a Nexos no constituye censura, que la empresa se hace la víctima y que las expresiones del presidente AMLO contra los medios, sus directivos y los intelectuales forman parte de su libertad de expresión en una democracia. Como si hiciera falta la aclaración, justifican que la Cuarta Transformación no ha reprimido, encarcelado ni perseguido a nadie por opinar, y que los directivos de esos medios y sus colaboradores no han dejado de ejercer su libertad de expresión. Pondré en su justa dimensión la inhabilitación y multa a Nexos. 

El 26 de abril de 2019 la SFP publicó dos circulares respecto de dos procedimientos administrativos sancionadores contra Odebrecht, la empresa transnacional acusada de pagar 10.5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios en México para ganar contratos de obras públicas.

Ojo con los paralelismos: “la inhabilitación a Odebrecht se debió a que presentó información falsa durante la celebración de un convenio modificatorio de un contrato de construcción, al no cumplir con los requerimientos legales y autorizaciones necesarias para celebrarlo”, y por “haber realizado cobros en exceso” a Pemex.

Atención con la tierna sanción de la SFP: las instituciones del gobierno federal “deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con Odebrecht, ya que fueron inhabilitadas por un plazo de tres años”. Hasta el momento, Odebrecht no ha sido multada.

Sanción de tres añitos sin multa a Odebrecht (monumento a la corrupción) por presentar información falsa. Sanción de dos años más multa de 999 mil 440 pesos a Nexos por la misma “falta” pero sin ser definitiva. Si esa saña institucional, las frecuentes menciones presidenciales contra esos medios y la “transparencia” focalizada y teledirigida no son persecución ni atentados a la libertad de expresión de cualquier medio y comunicador, entonces como sociedad y colaboradores de los medios hemos perdido la brújula y la solidaridad.

*El autor es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Twitter: @beltmondi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here