El Sol de México Javier Orozco

Vaya sorpresa el anuncio de que desaparecerá la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como parte de las medidas de austeridad dictadas el pasado mes de abril, incluso parecería que la referida Subsecretaría no desaparecería, ya que recién la SCT había puesto a consulta pública el proyecto de su Reglamento Interior y en dicho proyecto, aún se contemplaba la existencia del área hoy a desaparecer, por lo que algo paso o es parte de la reestructura que encabeza el nuevo Secretario.

Si bien cualquier reestructura por eficiencia maximiza los recursos, la desaparición debe considerar que existe un gran reto de inclusión digital a cargo del gobierno federal, el desarrollo de sitios públicos federales para favorecer el despliegue de infraestructura, promoción del gobierno digital, ciberseguridad, seguimiento a la política del sector satelital, propiciar condiciones para el teletrabajo, telemedicina y teleeducación -más en estos tiempos de pandemia- donde las tecnologías de la información acercan a las personas.

Así, esta medida no abona a la certidumbre de la política de inclusión digital en México -constitucionalmente a cargo del Ejecutivo Federal-, mientras que la empresa estatal “CFE Telecomunicaciones e internet para todos” va lenta en el despliegue de sus operaciones, ha trascendido que reparte culpas del retraso entre los proveedores de tecnología, el Covid-19 y las supuestas limitaciones que le impone el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Otra interrogante estriba en que la Subsecretaría desaparece por razones de austeridad, pero extrañamente ha trascendido que la persona que detentaba el cargo continuará, lo mismo que las funciones, entonces ¿cuál es el ahorro?; mientras tanto el IFT diseña y lanza a consulta pública un plan de labores para el resto del sexenio (Hoja de ruta 2020-2024) ¿Será que ya sabe que habrá permanencia durante todo el periodo de la cuatroté?, ¿por qué alinearse con los tiempos del gobierno federal? o peor aún, ¿dónde quedo la autonomía?

Todo ello lleva a un desarreglo institucional que no dará buenos resultados.

Interferencias

A fines de mayo de este año la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias proclamaba que había ganado un amparo en contra de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en materia de derechos de audiencias, algunos festinaron el supuesto triunfo, sin embargo, no fue así, el pasado 12 de agosto se publicó la versión pública de la sentencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México y resulta que el asunto se envía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva sobre la constitucionalidad de la reforma a la LFTR, el punto medular es: la autorregulación basada en principios éticos ya probados desde hace dos años o un modelo soviético que imponía el IFT para regular la labor periodística de la radio y televisión.

La Suprema Corte se ha caracterizado por la defensa de la libertad de expresión, sus precedentes así lo demuestran.

Vaya sorpresa el anuncio de que desaparecerá la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como parte de las medidas de austeridad dictadas el pasado mes de abril, incluso parecería que la referida Subsecretaría no desaparecería, ya que recién la SCT había puesto a consulta pública el proyecto de su Reglamento Interior y en dicho proyecto, aún se contemplaba la existencia del área hoy a desaparecer, por lo que algo paso o es parte de la reestructura que encabeza el nuevo Secretario.

Si bien cualquier reestructura por eficiencia maximiza los recursos, la desaparición debe considerar que existe un gran reto de inclusión digital a cargo del gobierno federal, el desarrollo de sitios públicos federales para favorecer el despliegue de infraestructura, promoción del gobierno digital, ciberseguridad, seguimiento a la política del sector satelital, propiciar condiciones para el teletrabajo, telemedicina y teleeducación -más en estos tiempos de pandemia- donde las tecnologías de la información acercan a las personas.

Así, esta medida no abona a la certidumbre de la política de inclusión digital en México -constitucionalmente a cargo del Ejecutivo Federal-, mientras que la empresa estatal “CFE Telecomunicaciones e internet para todos” va lenta en el despliegue de sus operaciones, ha trascendido que reparte culpas del retraso entre los proveedores de tecnología, el Covid-19 y las supuestas limitaciones que le impone el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Otra interrogante estriba en que la Subsecretaría desaparece por razones de austeridad, pero extrañamente ha trascendido que la persona que detentaba el cargo continuará, lo mismo que las funciones, entonces ¿cuál es el ahorro?; mientras tanto el IFT diseña y lanza a consulta pública un plan de labores para el resto del sexenio (Hoja de ruta 2020-2024) ¿Será que ya sabe que habrá permanencia durante todo el periodo de la cuatroté?, ¿por qué alinearse con los tiempos del gobierno federal? o peor aún, ¿dónde quedo la autonomía?

Todo ello lleva a un desarreglo institucional que no dará buenos resultados.

Interferencias

A fines de mayo de este año la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias proclamaba que había ganado un amparo en contra de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en materia de derechos de audiencias, algunos festinaron el supuesto triunfo, sin embargo, no fue así, el pasado 12 de agosto se publicó la versión pública de la sentencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México y resulta que el asunto se envía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva sobre la constitucionalidad de la reforma a la LFTR, el punto medular es: la autorregulación basada en principios éticos ya probados desde hace dos años o un modelo soviético que imponía el IFT para regular la labor periodística de la radio y televisión.

La Suprema Corte se ha caracterizado por la defensa de la libertad de expresión, sus precedentes así lo demuestran.

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