Senado chileno aprueba proyecto de ley para declarar a Internet servicio público

El proyecto establece la obligación de que exista un plan nacional digital, establecer una política de uso del espectro, una política nacional de inversiones para fomentar las alianzas público-privadas, y política de conectividad y ciberseguridad

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Con 40 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Senadores de Chile aprobó el proyecto de ley para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Ahora el proyecto se enviará a la Cámara de Diputados para ser tratado.

El proyecto había comenzado a discutirse el año pasado en las comisiones debido a la relevancia que le dio la pandemia de la Covid-19 a la conectividad universal. Ya había conseguido en 2020 media sanción de la Cámara de Senadores en primer trámite constitucional, pero se remitió para segundo informe a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones y a la de Hacienda.

En el debate de hoy, el Senador de la región O’Higgins, Juan Pablo Letelier, quien además es uno de los promotores del proyecto de ley, dijo que esta propuesta “reconoce al acceso a Internet como servicio público, administrado por privados, pero cumple una función pública de importancia.

“La brecha digital es lo que determinará los problemas estructurales de nuestra sociedad a futuro. La posibilidad de acceder o no acceder a Internet es de tal importancia que muchas naciones hoy tienen el derecho de conexión como un derecho constitucional”, sostuvo.

Al entender a Internet como un servicio básico, como la energía eléctrica o el agua, éste se encontrará sujeto a la regulación de dicho tipo de concesión y servicio, por lo que los proveedores deberán garantizar una prestación continua y de calidad. Además, reconocerlo así obligará al Estado a promover políticas públicas para asegurar la disponibilidad de Internet en las zonas desconectadas.

Tras el paso por comisiones, el proyecto incluyó la definición de los principios que tienen que guiar este derecho como la instalación y explotación de servicios públicos de telecomunicaciones, que se rigen por los principios de neutralidad tecnológica, universalidad, continuidad, uso compartido de infraestructura, transparencia e igualdad en la asignación de los recursos.

También se establece la obligación de que exista un plan nacional digital, establecer una política de uso del espectro, una política nacional de inversiones para fomentar las alianzas público-privadas, y política de conectividad y ciberseguridad.

Agrega el uso de bienes nacionales de uso público para la instalación de infraestructura de comunicaciones, para usar la infraestructura del país en el despliegue de redes. “Esto es importante, porque para 5G la cantidad de antenas que se van a utilizar son cinco veces más de lo que ha sido 4G”, afirmó Letelier.