En una sesión deliberativa remota, el Senado de Brasil aprobó este 30 de junio el proyecto de ley (PL) para combatir las noticias falsas. El PL 2.630/2020 crea la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet, con reglas para redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp y Telegram.

La intención es evitar que las noticias falsas puedan causar daños individuales o colectivos, y a la democracia. El texto aprobado irá a la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley obliga a las plataformas a excluir cuentas falsas, creadas o utilizadas “con el propósito de asumir o simular la identidad de terceros para engañar al público”, excepto en el caso de contenido humorístico; se permitirán cuentas con un nombre social o seudónimo.

Asimismo, señala que si hay informes de incumplimiento de la ley, uso de robots o cuentas falsas, los proveedores de redes sociales y servicios de mensajería pueden requerir que los usuarios y los titulares de cuentas confirmen su identidad, incluso con la presentación de un documento válido.

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El texto también prevé la aplicación de una multa a las plataformas si no cumplen con las reglas para identificar a los responsables de difundir noticias falsas. El castigo, en este caso, puede alcanzar hasta el 10 por ciento sobre los ingresos del grupo en Brasil en el último año, dinero que se asignará a la educación. Las actividades también podrán suspenderse.

Las nuevas reglas se implementarán para las redes sociales y las aplicaciones de mensajería que tienen al menos dos millones de usuarios. La ley también será para las redes y aplicaciones extranjeras, siempre que ofrezcan sus servicios al público brasileño.

Servicios de mensajería

Los servicios de mensajería también deberán conservar los registros de las cadenas de reenvío de mensajes durante tres meses para identificar la fuente de contenido que viola la ley, cuando los mensajes se compartan más de cinco veces en un periodo de 15 días y lleguen a más de mil personas. El acceso a esta información requerirá una orden judicial.

El proyecto también prohíbe el uso y la comercialización de herramientas externas a las plataformas y que no estén certificadas por las empresas de redes sociales o aplicaciones para enviar mensajes masivos.

Además, los servicios de mensajería deberán suspender las cuentas de usuario que tienen sus números desactivados por los operadores, a menos que el propietario del teléfono vincule la cuenta a un nuevo número.

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