Especialistas en telecomunicaciones coincidieron en que la Hoja de Ruta 2020-2024 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México contempla avances regulatorios. Sin embargo, dicho plan debe ser afinado para establecer objetivos medibles y no se quede sólo en buenos deseos.

María Elena Estavillo, excomisionada del IFT, dijo en entrevista con DPL News que haber realizado un documento como el que recién publicó el órgano regulador ya es un avance hacia la modernización del sector, pues era un proyecto que se había planteado incluso desde que ella fungía como comisionada.

Explicó que hay temas de vanguardia en el documento, como el de los sandbox regulatorios en el espectro radioeléctrico, que son ambientes aislados para probar nuevas tecnologías, que son ya necesarios en México para poder agilizar la implementación de nuevos servicios.

“El tema de sandboxes es muy interesante y está planteado para espectro, pero también puede usarse en algunos otros temas donde influya la regulación. Hay que probar nuevas soluciones, los retos son muy fuertes y las soluciones tradicionales no nos alcanzan porque las tecnologías son nuevas, los servicios nuevos, y hay que ser muy ágiles y creativos.

“Es un abordaje más flexible, el abordaje tradicional es muy lento, se basa generalmente en ir conjuntando elementos, ver si las nuevas estrategias funcionan en otros lados o hacer estudios extensos, y esto (sandboxes) es más aprender sobre la marcha, puede ayudar a acortar plazos donde se requiere en mercados como las telecomunicaciones”, comentó la especialista.

La Hoja de Ruta 2020-2024 del IFT establece que evaluarán medidas que optimicen la puesta a disposición de espectro para fines distintos al comercial, tales como sandboxes, licenciamiento vertical, redes privadas, uso por parte de comunidades sociales e indígenas, etcétera.

El documento también refiere a situaciones que incluso no se encuentran por completo dentro de sus atribuciones, por ejemplo, el costo del espectro radioeléctrico, específicamente el pago anual de derechos que define la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al respecto, María Elena Estavillo dijo que el Instituto deberá trabajar en propuestas específicas en las que establezca de manera puntual cómo la SHCP podría compensar la recaudación de impuestos por el pago anual de derechos a cambio de disminuirlos y con ello dinamizar el sector de las telecomunicaciones.

El IFT señala en el documento que, “en este sentido, el Instituto persigue colaborar con las instituciones gubernamentales correspondientes (principalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) para revisar los esquemas actuales de cobros por el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, en colaboración con las instituciones gubernamentales correspondientes.

“En particular, GSMA considera que las exigencias económicas deberían ser razonables y ligadas al valor real del espectro, evitando mecanismos que tengan como único objetivo maximizar la recaudación fiscal, toda vez que ello podría limitar las inversiones privadas, reduciendo el despliegue de redes de nueva generación en el largo plazo”, se lee en la Hoja de Ruta.

Estavillo concluyó que el órgano regulador mexicano debe buscar mecanismos para facilitar el despliegue de infraestructura y la creación de servicios nuevos y competencia efectiva. Dijo que además de desregular en algunos temas, también debe trabajar en simplificar trámites, formatos, resoluciones y otros procesos internos.

Omite IFT en Hoja de Ruta contexto macroeconómico

Para Ramiro Tovar, especialista en telecomunicaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el IFT omitió en su propuesta de plan regulatorio el contexto macroeconómico que se vive por la pandemia de Covid-19.

Además, el especialista afirmó en entrevista con DPL News que aún falta afinar los objetivos planteados y definir métricas para saber cuál será el avance de cada uno de ellos.

“Tiene múltiples objetivos que abarca todo el espectro de facultades del Instituto; sin embargo, me admira porque el Instituto no hace mucha referencia, y hubiera sido conveniente en su parte introductoria, no sólo al entorno recesivo nacional, sino al internacional.

“El texto de la Hoja de Ruta carece de un nexo entre lo que es el entorno macroeconómico, donde tenemos expectativas extremadamente bajas de crecimiento para los próximos dos o tres años, incertidumbre, contracción en la demanda de bienes y servicios debido a la recesión, y obviamente eso pone una interrogante respecto a que pueden ser cumplidos los objetivos”, apuntó Tovar.

Además, criticó que el documento contemple cuatro años, incluido 2020, y aseveró que en realidad será para implementarse a partir del 2021, pues hoy mismo se encuentra apenas en su etapa de consulta pública y quedan sólo cuatro meses para que finalice el año.

Explicó que, dentro de sus objetivos de fomento a las inversiones, debe considerar acciones más específicas como la de quitar regulaciones impuestas desde la reforma y que por la evolución de los propios mercados ya son obsoletas.

“Por qué no hay una (acción) que diga evaluar la posibilidad de quitar regulaciones actualmente establecidas para incentivar la inversión. Por ejemplo, todas las medidas de preponderancia no necesariamente tienen que sobrevivir. Cuando ordenas la separación funcional (de Telmex y Telnor) haces triangulaciones redundantes”, apuntó Tovar.

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