En el transcurso de la semana pasada nos enteramos de que Salma Jalife, ex Subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones (SCT), había renunciado.

No era para menos. Como parte del plan de austeridad del gobierno mexicano, el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, tomó la decisión de eliminar diversas Subsecretarías de la estructura administrativa del Gobierno Federal. Una de ellas fue la Subsecretaría que encabezaba la ingeniera Jalife, pasando sus funciones a una unidad administrativa de menor rango dentro de la Subsecretaría de Transporte de la misma SCT.

Como ya lo hemos comentado en distintas ocasiones en este espacio, México no ha sido capaz de establecer una política de transformación digital, siendo la Subsecretaría de Comunicaciones recién borrada del mapa del Gobierno Federal la unidad funcional más apta para establecerla.

Sin embargo, el estilo de funcionar del gobierno en el presente sexenio se ha caracterizado por una concentración en la toma de decisiones de toda índole en la Oficina de la Presidencia, dejando poca libertad de acción a los funcionarios de alto nivel del Ejecutivo Federal.

Salma, al igual que muchos Subsecretarios y Secretarios del gobierno, tenían desde que tomaron su encargo pocas posibilidades de influir en la toma de decisiones de la política pública nacional. La desaparición de la Subsecretaría que encabezaba fue sólo la materialización en el papel de lo que ya venía sucediendo en el accionar cotidiano del gobierno. Lo razonable, en efecto, era renunciar ya. Señales negativas.

Pero la semana pasada conocimos un par de elementos adicionales relacionados con la política pública de conectividad, ambos reflejados en el Paquete Económico 2021 que se entregó tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República el 8 de septiembre.

Un aumento sustancial en el presupuesto asignado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para su proyecto “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” y una propuesta de modificación a la Ley Federal de Derechos, que plantea una actualización de las cuotas que por concepto de derechos y aprovechamientos los operadores móviles pagan al gobierno para explotar determinadas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.

En el primer caso, la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos recibirá un incremento presupuestal sustancial, cercano a 81 por ciento, que representa alrededor de 1,900 millones de pesos que deberá ejercer durante el próximo año.

Con dichos recursos la CFE deberá iniciar la conformación de una red pública de telecomunicaciones con cobertura nacional, maximizando, según está planteado, el uso y optimización de la red de fibra óptica que se tiene instalada para promover y facilitar el desarrollo social y económico de la población mediante la prestación de servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro.

Digamos que se trata de relanzar la apuesta por contar con una Red Troncal de alta capacidad que se caracterice por tener mayor capilaridad para facilitar la conectividad a Internet en las zonas más desatendidas del país. Es, por lo tanto, reiniciar el proyecto de la Red Troncal que a principios de 2019 el propio gobierno canceló.

La diferencia de aquel proyecto cancelado y los actuales planes del gobierno a través de la CFE, reside fundamentalmente en que ahora será el gobierno quien inyecte la totalidad de los recursos para la construcción de la tan esperada Red Troncal de alta capacidad.

Sin embargo, 1,900 millones de pesos son a todas luces insuficientes. Para la Red Troncal, en 2018 se estimaban inversiones que iban entre los 600 y los mil millones de dólares, es decir, casi 12 veces más. Aún así, al menos existirán recursos para iniciar; ojalá que en efecto se utilicen y veamos resultados para finales de 2021. Señal ligeramente positiva.

En cuanto a la propuesta de modificación a la Ley Federal de Derechos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantea aumentar la recaudación fiscal a través del incremento de las cuotas que pagan los operadores móviles mexicanos por utilizar diversas bandas del espectro radioeléctrico: 614 a 698 MHz, 814 a 824 MHz, 824 a 849 MHz, 859 a 869 MHz, 869 a 894 MHz y 1,427 a 1,518 MHz.

Esto es contratante con lo que Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, aseveró hace un par de semanas, ya que mencionó, en entrevista con Alejandro González, columnista de este espacio digital, que “en los últimos meses el regulador había trabajado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para convencerla de reducir el pago anual de derechos a cambio de otras acciones”.[1]

Es un hecho irrefutable que el incremento propuesto por la SHCP tendrá un impacto directo sobre los costos de la provisión de los servicios inalámbricos fijos y móviles, cuyo efecto se traducirá en una barrera para el desarrollo y despliegue de las redes 5G.

En México, la discusión sobre el elevado costo del espectro radioeléctrico no es nueva. Se ha insistido recurrentemente que la política de mantener una política recaudatoria respecto de la utilización de las frecuencias utilizadas para brindar servicios de telecomunicaciones es contraria a los objetivos de mayor penetración de la conectividad. Sin embargo, el gobierno ha sido claro, una vez más, que es más importante recaudar hoy aún cuando resulte contraproducente en el futuro.

Ya tenemos un antecedente profundamente negativo como consecuencia de la política recaudatoria del Gobierno Federal: en noviembre de 2019 Telefónica México tomó la decisión de desinvertir, devolviendo su espectro en las bandas de 800 MHz y 1.9 GHz, así como la devolución completa de sus frecuencias en la banda de 2.5 GHz. Señales negativas.

Y así, entre señales negativas constantes y alguna señal ligeramente positiva, en México vemos ya muy lejana la posibilidad de que el Gobierno Federal esboce, cuando menos, un primer borrador de política de transformación digital. Nos quedamos con la esperanza de que el regulador mexicano tome el liderazgo y avance, de la mano de la industria, en el diseño de una agenda clara acorde con los retos que la economía digital supone. Ojalá que así suceda.


[1] Alejandro González. “No más frecuencias caras: IFT propone acreditar inversiones a cambio de pago de derechos de espectro”. 4 de septiembre de 2020, disponible en: https://digitalpolicylaw.com/no-mas-frecuencias-caras-ift-propone-acreditar-inversiones-a-cambio-de-pago-de-derechos-de-espectro/.

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