Excélsior José de Jesús Guadarrama

En los últimos 18 años los programas de inclusión digital han sido una bandera política con buenas intenciones, pero con bajo presupuesto y pese a que se ha intentado dar continuidad, la falta de transparencia en el manejo de los recursos y en los criterios de asignación, desempeño y resultados, los desenlaces no han sido los esperados.

Clara Luz Álvarez, excomisionada de la desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), explicó que el caso de la provisión de los servicios de banda ancha, el problema que se enfrenta con la llegada de una nueva administración es el vencimiento de contratos, como está ocurriendo tanto para la provisión a universidades y centros de investigación que no tomaron las previsiones, como para los servicios de inclusión que se ofrece para servicios a la población y de acceso a la conectividad.

En el caso de Sistema Nacional e-México, desde la administración de Vicente Fox, Felipe Calderón y su evolución a México Conectado, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Álvarez observó que “lo que he visto es que ha habido, desde siempre y hasta el día de hoy, una falta de transparencia en cuanto a que criterios: a qué comunidades, a qué sitios, a qué escuelas, a quiénes se les da Internet y a quiénes no; sin que sepa si en realidad se llegó a la población e que realmente los necesita”.

De esta forma, por ejemplo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México Conectado no cumplió con su meta original de contar con 250 mil puntos de conectividad y cerró con sólo poco más de 101 mil, con enlaces contratados con 14 diferentes proveedores, siendo los más importantes: Megacable, Telecomm, Total Play, Operbes y W-Comm/ Star go.

Expertos como Clará Luz Álvarez, José Luis Peralta, excomisionados de la Cofetel; Jorge F. Negrete, presidente de Mediatelecom Policy and Law y Ernesto Piedras, presidente de The Competitive Intelligence Unit, entre otros, coincidieron que hace falta conocer las definiciones de los que durante la presente administración será Internet para Todos.

La Coordinación General del Sistema Nacional e-México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se creó el 7 de diciembre de 2001, con la visión de “reducir la brecha digital entre el gobierno, los sectores y regiones del país, en particular las zonas más alejadas y pobres”.

Vicente Fox inauguró la primera red satelital e-México con el objetivo de poner en contacto a todos los municipios del país y las 16 delegaciones del Distrito Federal por medio de tres mil 200 centros comunitarios digitales instalados a lo largo de todo el territorio nacional.

La visión se limitó al acceso a la Tecnologías de la Información y Comunicaciones y centrada en conectividad para lo que se crearon Centros Comunitarios Digitales (CCDs); en contenidos respecto de e-gobierno, e-salud, e-educación y e-economía; as´como el desarrollo del portal e-México y centro de centro de control de tráfico.

Sin embargo, el NAP no se construyó y los CCDs mostraron múltiples limitaciones. En 2004, nadie supo en dónde quedaron 30 millones de dólares aportados por Fundación Bill & Melinda Gates

En noviembre de 2010, la SCT puso en marcha la nueva plataforma tecnológica del Sistema Nacional e-México, proyecto que consistiría en una ciber-infraestructura sin precedentes en el país, que no sólo implicaría más y mejor conectividad de banda ancha, sino también una nueva capacidad de cómputo y procesamiento.

De hecho, respecto del fideicomiso público de administración e inversión e-México, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, al ser la fiduciaria, había clasificado como reservada, por 12 años, por la información relativa al referido contrato del fideicomiso.

De esta forma, por ejemplo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México Conectado no cumplió con su meta original de contar con 250 mil puntos de conectividad y cerró con sólo poco más de 101 mil.

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