Sin un marco regulatorio adecuado a la convergencia los países podrían perder competitividad

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El Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (Cet.la) y la consultora Analysys Mason publicaron el estudio Nuevo Marco Regulatorio para la Convergencia, el cual determina que para que la cobertura 4G alcance a un 95 por ciento de la población y un 65 por ciento de los hogares estén cubiertos por fibra en 2025, debe existir un nuevo marco regulatorio para la convergencia que tenga como objetivo primordial incentivar la innovación, la inversión y el despliegue de infraestructuras, entre otros cambios.

DPL News dialogó con Fran González, experto a cargo de la investigación, quien resaltó las tres principales claves de la regulación convergente: dotar al sector de un marco flexible para el despliegue de infraestructura, tener una visión más de largo plazo respecto a las políticas de espectro, y actualizar la fiscalidad y los marcos jurídicos.

DPL: ¿Cómo cambió la convergencia el panorama del mercado de servicios de telecomunicaciones y audiovisual?

Fran González: La tesis inicial del estudio es tratar de coleccionar las evidencias que tenemos sobre la inercia de los mercados de telecomunicaciones y audiovisual, qué factores estaban generando cambios. Algunos de ellos son más disruptivos, otros son más inerciales, pero se manifiestan en una serie de variables y en una serie de comportamientos de los agentes. Por ejemplo, la aparición de nuevos prestatarios del servicio, fundamentalmente compañías de Internet, como los OTTs, que proveen conveniencia al usuario para satisfacer necesidades equiparables o similares a las del ámbito de telecomunicaciones o audiovisual.

Por otra parte, observamos cierto empoderamiento del usuario. Cada vez más el usuario está exigiendo mayor calidad en la prestación de los servicios, más libertad de elección o uso de múltiples dispositivos para acceder a los servicios.

Poco a poco se han ido conformando una serie de modificaciones a la dinámica de consumo y de oferta. La hipótesis del estudio era que los marcos regulatorios no han migrado, no han evolucionado a la misma velocidad. También queríamos tratar de evidenciar si estos fenómenos se van a acentuar en el futuro y de alguna manera demandar una acción regulatoria.

DPL: ¿Las nuevas plataformas que ofrecen estos sustitutos deben ser reguladas, o los servicios tradicionales deben tener una simplificación en su marco regulatorio?

Fran González: Poniendo al consumidor en el centro del tablero, es claro que hay una asimetría en términos de la carga regulatoria que tiene la industria más tradicional frente a los nuevos entrantes que vienen de industrias adyacentes. Quizás la reflexión es cuáles eran los propósitos que perseguía el marco regulatorio vigente: promover competencia, bajada de precios, orientación de precios a costos, promoción de inversión. Pero cuando se analiza hasta qué punto se han conseguido esos objetivos, en muchos de ellos se ha avanzado, por ejemplo en el tema de precio o apertura a competencia. Ahora los retos son otros. Por tanto, quizá tenga más sentido aliviar la carga regulatoria a los operadores de telecomunicaciones existentes históricos, y dejar respirar al mercado. Y solamente en caso de que haya evidencias de fallas de mercado tener una mano más interventora.

DPL: ¿Destacarías algún país de la región por su avance en aspectos regulatorios en el marco de la convergencia?

Fran González: El estudio no pone el acento en tratar de establecer un ranking, ha sido una mirada más panregional. Pero sí que hemos tomado el pulso a cuál es la situación de cada uno de los países de la región, para lo que es la estimación a futuro de cuál puede ser la brecha de inversión para la consecución del objetivo de llegar a convertir la región en un referente a nivel de infraestructura de clase mundial y acortar la brecha con los países.

El objetivo ha sido más concienciar a todos los agentes del sector, no sólo a los reguladores; poner sobre la mesa una problemática; y proponer una agenda reformista sobre el marco regulatorio que en algunos países se aplicará más que en otros.

DPL: ¿Cuáles serían las consecuencias de no actualizar la regulación?

Fran González: Las consecuencias de no actualizar la regulación serían perder una oportunidad de oro. Observamos en las discusiones con los agentes del sector la falta de claridad a largo plazo en temas como incentivos a inversión, estabilidad del marco de política pública y regulatorio. Esto es fundamental a la hora de que estos agentes tomen decisiones, sobre todo de inversión. Estamos ante un momento de progreso tecnológico que podemos instanciar en 5G y toda la revolución que propone en términos de economía digital y el efecto de derrame que generará en otras industrias. Estamos frente a la oportunidad de dotar al sector de cierta certidumbre a la hora de poder acometer inversiones. Es un momento muy oportuno.

Vemos que el ritmo de actualización regulatoria no es el esperado, y la flexibilidad de adaptación a los cambios que demanda el contexto no es tan rápido. En muchos casos, la propia definición de mercados y la recurrencia con la que se analizan los mercados país por país no se adecúa al propio ciclo vertiginoso de evolución de los mismos. Entonces hay que conferir mecanismos un poco más líquidos para que el marco pueda adaptarse a estas nuevas necesidades. Si no, estaría afectada la inversión y en algunos casos para la propia competitividad incluso a nivel país. El sector telecomunicaciones y sobre todo las infraestructuras son el nuevo oro. Todos los servicios que se auguran tendrían un efecto no sólo en crecimiento de los PIBs, sino en economía real a través de posibilitar múltiples servicios de economía digital.

DPL: El estudio hace una serie de recomendaciones. ¿Cuáles serían las tres claves para los reguladores?

Fran González: Primero, dotar un marco que sea flexible para facilitar el despliegue de infraestructura. La carga administrativa, la carga onerosa de permisos, la heterogeneidad que existe en procedimientos en aprobaciones, todo esto termina haciendo o generando un efecto disuasorio en el despliegue de infraestructura. Es necesario que haya mecanismos para habilitar acceso a edificios de titularidad pública para poder ubicar equipamiento de telecomunicaciones, esta es una problemática que encontramos a nivel nacional, estatal y a veces local.

El segundo punto serían las políticas de espectro. En este punto falta una visión largoplacista, que entienda desde el lado de los gobiernos cuál es el propósito final de otorgar espectro. En muchos casos hemos visto que no hay unas políticas muy claras de fijación de precios, o son inerciales o no están basadas en cuál es la situación actual de la industria.

Y el tercer punto sería en forma general el marco jurídico normativo fiscal. Acá resaltaría dos aspectos: estos fenómenos de convergencia entre servicios más de corte audiovisual, servicios de pura comunicación, con los fenómenos de multimedia que existen, con la emergencia de video como formato cada vez más importante para los usuarios, creo que tiene sentido poder pensar en si de verdad en algunos países no merece la pena tener un regulador convergente que trate lo que tradicionalmente ha estado disociado como mercado de telecomunicaciones y mercado audiovisual. Y, por último, los regímenes fiscales aplicables al sector; es un sector que, como servicio público, en comparativa con otros sectores de servicio público como el agua o la electricidad, generalmente ha sido sistemáticamente deflacionario -porque ha habido presión de ajuste de los precios y esto ha tenido su repercusión positiva en maximización de acceso-; sin embargo, soporta una carga fiscal que parece excesiva o de alguna manera no está justificada. Armonizar esa carga fiscal o de alguna manera poder aliviar esa carga fiscal seguro que brindaría oportunidades que ahora mismo se están frenando.

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