Telecomunicaciones, Covid-19 y el nuevo Plan Marshall

Las opiniones aquí vertidas son a título personal.

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Desde hace más de 20 años las telecomunicaciones han sido y son cada vez más importantes en nuestras vidas. Desde la telefonía fija, las innovaciones de la telefonía móvil y, cómo no, con el exponencial desarrollo y crecimiento de Internet.

La gran parte de actividades que realizamos día a día están soportadas en redes de telecomunicaciones. Desde realizar una llamada a un familiar, conversar temas de trabajo, enviar correos electrónicos, ver redes sociales, ver películas en streaming, realizar compras en línea, pagar las cuentas del mes, realizar trámites ante diversas entidades, entre otras.

Esto era nuestro día. En esa normalidad ya se hablaba de la brecha de infraestructura que permitiría que todos los ciudadanos, tanto en zonas urbanas pero sobre todo en zonas rurales, pudiesen contar con servicios de calidad y acceso a Internet.

Los países enfrentaron los problemas de diversas maneras: concursos de espectro con compromisos de inversión en zonas alejadas, desarrollo de redes dorsales o troncales (físicas o de espectro), conjunto de normas para regular el despliegue de redes y medidas de sensibilización a la población que aún tiene temores a la instalación de antenas.

Y llegamos a marzo de 2020, cuando toda la región tuvo que asumir una cuarentena para reducir la propagación de Covid-19. Muchos sectores están paralizados. Pero otros no. En estas semanas hemos visto cómo el tráfico de Internet en las redes se ha incrementado considerablemente, ya sea por las reuniones virtuales en diversas plataformas, por el uso masivo del correo electrónico o la utilización de diversas redes para actividades de ocio o entretenimiento. En Perú, este tráfico se ha incrementado en más de 30 por ciento.

En ese contexto, se dieron respuestas desde todos los frentes. Desde la parte relacionada al sector estatal, los gobiernos establecieron diversas disposiciones como definir las telecomunicaciones como servicios esenciales, lo que permite la adecuada operación y mantenimiento de las redes; no cortar los servicios por falta de pagos a los usuarios de menores recursos; números especiales para las entidades de salud; suspensión de normas de calidad por el periodo de emergencia e incluso la prórroga de pagos de obligaciones a entidades del Estado, entre otros.

Por el lado del sector privado, las empresas también han colaborado. Las redes de telecomunicaciones peruanas se encuentran funcionando y han respondido positivamente al incremento de tráfico. Así pues, desde el envío masivo de mensajes de texto a padres de familia que ha facilitado la difusión e implementación de diversas plataformas de educación, el uso de Big Data para adoptar medidas que eviten aglomeración de personas o para adaptar medidas de prevención, la adopción de zonas zero rating para facilitar la difusión de información relacionada con temas de educación o de salud. 

En muchos países, las empresas también han adoptado medidas como un número ilimitado de mensajes de texto, difusión del contenido educativo de las plataformas de educación remota, mejora de los paquetes de datos e incluso facilidades de pago a los clientes que por el contexto actual no puedan pagar sus recibos, entre otras medidas.

Todos, tanto el sector público como el sector privado, la academia, la ciudadanía y, en general, la sociedad, han enfrentado el reto de esta emergencia sanitaria. En el sector de las telecomunicaciones es un hecho tangible.

Sin embargo, el reto regulatorio es enorme. Nos queda claro a todos que si buscábamos aceleradores digitales, esta coyuntura es el acelerador digital por excelencia. La transformación digital es un imperativo que no permite mayor debate. El reto regulatorio es enorme y ya en muchos países están pensando en qué actividades o mecanismos se deben implementar en el periodo post cuarentena para reactivar la economía. Existe consenso en que no habrá la normalidad como antes la concebíamos y que la reactivación de los sectores será gradual. Pero uno de los primeros sectores que debe reactivarse a un nivel superlativo, aún más intenso, es el de las telecomunicaciones.

No cabe la menor duda de la importancia que tiene y va tener el sector de telecomunicaciones en la reactivación económica. Pero esto nos lleva a una reflexión: sin conectividad digital, nada de los aplicativos o ventajas de la transformación digital se van a concretar; por ende, es imperativo redefinir las políticas públicas para concretar esa conectividad, con reglas que generen el mayor tendido de las redes de telecomunicaciones. 

Eso no solo debe ir acompañado de las normas que habiliten esta nueva infraestructura, sino con la decisión de adoptar una estructura estatal que abra las puertas y elimine las barreras de acceso. Pero a su vez, lo que no se entiende, y es momento de reflexionar, es por qué se tiene que esperar a que haya una gran conectividad de banda ancha para hacer el cambio o transformación digital. Esta coyuntura nos enseña que con poco, mucho se puede lograr. No se debe esperar a que la revolución digital vaya con conectividad al 100%… Avancemos con lo que tenemos y vayamos generando esa demanda que empujará la oferta.

En ese sentido, ¿qué debemos hacer o cuál debe ser el norte de las medidas a implementar?

En primer lugar, facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones. Esto permitirá no solo mejorar la calidad de los servicios en zonas donde ya existe, sino además expandir los servicios en aquellas zonas donde en la actualidad no existe el servicio. No se puede exigir la instalación de infraestructura en zonas rurales si se mantienen las mismas reglas. 

No cambiar la visión ha implicado que muchos ciudadanos no cuenten con los beneficios de la tecnología. Este es el momento adecuado para realizar esos cambios y permitir medidas temporales y flexibles para la instalación de antenas y redes de telecomunicaciones y cerrar no solo la brecha de infraestructura, también la brecha digital. Siempre respetando las normas ambientales y el entorno paisajístico.

En esta línea, Perú, país amazónico, tiene la gran responsabilidad de cuidar, en particular, el Amazonas y nuestra gran Selva Peruana; ante ello, una realidad en la cual ya veníamos trabajando es crear un marco legal que habilite la prestación de servicios de telecomunicaciones a través de tecnología disruptiva y que cuide el medio ambiente. No es posible tener un marco regulatorio igual entre lo urbano y lo rural, y entre ellos la selva requiere un tratamiento especial.

En segundo lugar, durante los siguientes meses es importante utilizar las redes dorsales o troncales de los países. Estas redes permiten y facilitarán que la comunicación llegue a las zonas más alejadas del país. Para lograr tal objetivo, hay que brindar los incentivos correctos, sin alterar acuerdos previos ni afectar la competencia, para que esas redes puedan conectar colegios, universidades y entidades de salud a lo largo de cada país. En este escenario, es de especial relevancia las lecciones aprendidas en el proceso de formulación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, cuya subutilización en estos momentos en que la conectividad es indispensable, es una señal del respeto a los contratos y a la seguridad jurídica que el Perú otorga.

En tercer lugar, los gobiernos tienen espectro ya identificado que iba a ser concursado en los siguientes meses, pero en estos meses post pandemia, se podría asignar de forma temporal a las empresa que así lo requieran, y al finalizar este plazo, las mismas devuelvan el recurso escaso al gobierno sin excusas. El espectro es un recurso natural escaso administrado por el Estado y, por lo tanto, se debe asignar a quien lo valora y asume mayores compromisos de inversión.

Finalmente, y no por ello menos importante, es necesario una constante coordinación entre el sector privado y los gobiernos para lograr los objetivos de política pública: i) reducir la brecha de infraestructura que se logrará con facilidades para el despliegue de redes y ii) mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones que será un elemento esencial para la recuperación económica de nuestros países.

En suma, nuestros objetivos se mantienen, pero se aceleran en función de los nuevos retos. Esto lleva aparejado la necesidad de disminuir barreras, simplificación de la regulación, que la regulación siempre se base en racionalidad económica, que nos centremos en aumentar la productividad, nuevos modelos de negocio y servicios y, por otro lado, el cumplimiento de la normativa por parte de todos los actores sobre una base de confianza mutua: no podemos fracasar. El éxito depende de todos.

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