La Nación

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que es “inconstitucional” el decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández que declaró servicios públicos esenciales a la telefonía celular, a internet y a la televisión paga.

“La intervención del mercado de Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través del DNU 690/20, resulta irreconciliable con el diseño constitucional de la República Argentina, por lo que solo cabe su revocación por quien lo dictó o la declaración de inconstitucionalidad por la Justicia”, afirmó el Colegio de Abogados en una declaración firmada por su directorio.

El documento sostiene que la Constitución reconoce solo dos hipótesis que justifican la intervención legal en un mercado: la “distorsión de los mercados” y la presencia de monopolios. “Sin embargo -sostiene el Colegio de Abogados de la Ciudad-, el DNU 690/20 se aparta de estas hipótesis. En su lugar, pretende regular con la máxima intensidad de intervención estatal posible a las tecnologías de la información y comunicaciones, modificando drásticamente las reglas de la industria fijadas ex ante, sin ningún sustento fáctico que lo justifique.”

Según los abogados, “se presenta así una situación de expropiación regulatoria que atenta contra el principio de previsibilidad y seguridad jurídica, viola normas legales de jerarquía superior y va a contramano de la realidad regulatoria internacional”.

“Las máximas autoridades nacionales deben tener presente que no tienen amplia discrecionalidad para modificar los marcos regulatorios por razones de orden ideológico coyuntural”, afirma el Colegio en su declaración. Sostiene además que no se dan en este caso los requisitos excepcionales que le permiten al Poder Ejecutivo dictar un DNU.

“El DNU 690/20 golpea los cimientos mismos de nuestra organización, no solo económica, sino republicana y democrática. Definitivamente, semejante cambio en las reglas de juego, además de afectar los derechos adquiridos de los actuales operadores del mercado de los servicios de TIC, conspirará contra la llegada de las nuevas inversiones que imperiosamente necesita nuestro país para generar progreso, crecimiento y empleo”, afirma la declaración.

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