Telecomunicaciones: urgencia de mayores inversiones y cambio de paradigmas en tiempos de pandemia

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Una pandemia global nos cambió la vida, esto es más grave para los países en vías de desarrollo. Esta debe ser la única verdad incuestionable en este momento. Tuvimos que adaptarnos. Los que vivían solos quedaron más solos. Los que apenas cabían juntos se apretaron como pudieron. Cuarentena, la consigna para salvar vidas. Hubo que acelerar con dientes apretados una adopción digital exprés y arreglarse en el camino. Millones de hogares, empresas e instituciones en todos los países del mundo viviendo una inducción forzada al teletrabajo, la educación a distancia, la telemedicina, el comercio electrónico, el Estado en línea y otras formas de vida digital que -hasta hace poco- muchos desconocían.

Y todo eso, claro, sin dejar de usar Internet para lo de siempre: streaming, música, videojuegos y redes sociales. Internet nos está ayudando a llevar de mejor forma la cuarentena. A la mayoría al menos, porque también hay familias mal conectadas y no conectadas que deben preocuparnos.

Sin duda, algo positivo que ha quedado de manifiesto durante la epidemia ha sido la capacidad de las redes de telecomunicaciones para soportar -sin colapsar- la sobredemanda histórica de datos que está trayendo este cambio en la vida en muchas partes del mundo. Mérito también de técnicos, ingenieros y profesionales de las telecomunicaciones que han mantenido las redes activas durante esta crisis sanitaria. Una labor esencial que debemos reconocer. 

Las redes de telecomunicaciones han enfrentado un crecimiento de mas de 50 por ciento en el consumo. Pese a este mayor tráfico repentino, ninguna red importante de banda ancha se ha caído por el tráfico o congestión. Obviamente, en muchas partes de la región han existido interrupciones temporales, pero no por uso masivo. 

La pregunta más importante es si todos los países tienen la capacidad suficiente para absorber un crecimiento exponencial -e inesperado- de la demanda de datos. En América Latina hay algunos mejor posicionados que otros. El caso chileno ha demostrado un buen comportamiento, y aquí lo importante para los países de la región, ya que ello tiene sus cimientos en políticas públicas y decisiones privadas de inversión de largo plazo.

A diciembre de 2019, más de la mitad de los hogares en Chile tenía acceso a un red fija de banda ancha y existían más de 16 millones de dispositivos móviles con acceso a redes 4G. Esta realidad era muy distinta hace 10 años. Tras el terremoto de 2010, en Chile solo había menos de 10 por ciento de hogares con acceso a Internet fijo y no existían redes 4G. En plena catástrofe, las redes no dieron abasto y colapsaron.

En ese entonces fue nítida la necesidad de reforzar la calidad y cobertura de la infraestructura digital. Para ello se hizo indispensable hacer reformas estructurales, establecer reglas claras para fomentar la inversión, competencia e innovación tecnológica, en una industria hasta entonces con características oligopólicas. 

Por eso se liberó, de forma pionera en América Latina, espectro radioeléctrico para desarrollar tecnologías 4G, pese a que muchos se opusieron por considerarlo prematuro. También se implementó la portabilidad numérica y se bajaron los cargos de acceso para incentivar la competencia. Se entregaron subsidios para conectar zonas aisladas y se innovó en la entrega de espectro, estableciendo contraprestaciones de cobertura de servicios a miles de localidades aisladas. Este es un buen ejemplo a replicar.

Pero no todo lo que brilla es oro. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿las políticas públicas de telecomunicaciones están a la altura de los futuros desafíos? Creo que no. Lamentablemente, en los últimos años solo se ha estado administrando la contingencia y no ha habido una mirada estratégica. El mejor ejemplo es el triste espectáculo que ha dado Chile en la implementación de 5G; siendo un país pionero en innovación tecnológica, hoy está rezagado.

Es importante que las políticas públicas de telecomunicaciones vuelvan a ser miradas con visión de largo plazo y se inspiren en mantener y mejorar el índice de competitividad de la industria. Este cambio significará una aceleración de la economía digital sin precedentes y el desafío de todos los países de la región para incorporarse a gran velocidad a la economía digital.

Para eso es necesario tener redes que nos permitan competir en esta economía digital sin fronteras y para eso es necesario un acuerdo público privado sólido que facilite el despliegue adicional de infraestructura. Necesitamos inyectar mayores recursos para reducir la brecha digital, implementar la tecnología 5G, liberar restricciones del pasado en cuanto a instalación de infraestructura de telecomunicaciones, actualizar y revisar las normas de neutralidad de red, hacer disponible espectro adicional, entre otras acciones urgentes.

Por esto, es indispensable seguir promoviendo la inversión privada y pública en redes de mayor capacidad, con foco en la calidad y la cobertura. Por esa misma razón, parece razonable asumir que la única manera de estar realmente preparados es promover hoy las inversiones en conectividad que nos permitirán sortear adecuadamente los desafíos del mañana y la creciente demanda que nuestro país seguirá teniendo por estos servicios. Pero para ello es fundamental que la políticas públicas definan reglas claras y estables  en el largo plazo. 

Internet: neutralidad de red y ciberseguridad

Tal como se dijo, las nuevas redes de fibra óptica y las redes móviles 4G -que son las que han podido sostener el ecosistema digital del país en esta pandemia- no deben esconder en los promedios brechas preocupantes. Todavía en América Latina muchos hogares o personas que están conectados para las estadísticas globales tienen conexiones que quedaron obsoletas tecnológicamente para las exigencias del teletrabajo, la educación en línea, la seguridad, la telemedicina y el entretenimiento digital. 

Estos hogares o personas mal conectados no están muy lejos de los no conectados. Por razones obvias, la brecha digital es mayor cuando no hay ningún acceso a redes y ahí siempre se ha puesto el foco de las políticas públicas, pero no podemos ignorar que depender hoy de una conexión 2G, incluso 3G, o de una conexión Wi-Fi ADSL o de cable coaxial antiguo, para hacer las múltiples tareas en línea que se nos pide hacer en los hogares, es casi lo mismo que no tener nada.

Es crucial sembrar hoy las nuevas redes de acceso del mañana, para que este cambio abrupto en la era digital no aumente la desigualdad social y económica, por las diferencias que se manifiestan en la calidad del acceso a banda ancha. Hoy en muchos países supuestamente hiperconectados todavía hay personas que se tienen que subir al techo de su casa o arriba de un cerro para lograr una conexión a Internet.

Muchos países de América Latina necesitan redes de telecomunicaciones de calidad y con acceso más democrático. Los países no pueden darse el lujo de esperar eternas disputas legales. Hay que avanzar para llegar a tiempo con los cambios tecnológicos. Pensando no solo en la demanda explosiva de datos actual, sino en la necesidad de preparar a los países para los usos futuros, que ya estamos viendo de forma experimental y que se consolidarán como una constante en el mediano plazo, es urgente destrabar, ahora, las limitaciones que impiden un concurso de espectro para tecnologías 5G y promover la llegada de más fibra óptica a hogares y territorios.

No podemos quedarnos atrapados entre la presión de actores menores de la industria que solo aparecen cuando quieren frenar cambios tecnológicos (y que solo invierten en abogados) y las mañas de algunos incumbentes que prefieren postergar todo, hasta estar seguros de ganar. Los países en vías en desarrollo no logran nada con ello. Acá debe primar el bien común e interés mayor de la sociedad de cada país.

Es determinante que las instituciones públicas que hoy tienen la responsabilidad política y moral de avanzar en desplegar redes 5G, no se paralicen.  Mejorar la cobertura y calidad de las conexiones a Internet es urgente. Es un llamado a los gobiernos y autoridades de la libre competencia a no quedar inmovilizados por un falso dilema. 

Por otra parte, también es tiempo de revisar algunos dogmas. El mundo lleva una década debatiendo sobre la llamada neutralidad de red. De hecho, en 2010 Chile fue el primer país del mundo en tener una ley de neutralidad y, siendo uno de sus gestores, creo que debemos revisar el alcance de sus principios. La vida digital actual y futura exige abrirse a cambios en el paradigma.

Simplificando al máximo, la neutralidad de red garantiza a usuarios y empresas que todos los tipos de contenidos que viajan por una red de Internet sean tratados de la misma forma, que no exista discriminación arbitraria en los flujos de datos. La norma busca -en teoría- evitar que las empresas que dan acceso a Internet bloqueen o limiten contenidos legales o afecten la libre competencia entre servicios de Internet, al darle mayores facilidades de descarga a unos paquetes de datos que a otros.

Ejemplo: si en tu casa quieren al mismo tiempo jugar un videojuego en línea, ver una serie online, mandar un correo electrónico, subir una publicación en Twitter o TikTok, participar en una videoconferencia de trabajo y en un chat de WhatsApp, la red de acceso no discriminará qué usos son más importantes y cada actividad consumirá la capacidad de ancho de banda disponible. Si la capacidad no es suficiente, las actividades que requieren más ancho de banda se degradarán o pueden llegar a ser imposibles de ejecutar. 

Este principio de neutralidad de red que pareciera cuidar bien la libertad en Internet, puede terminar mermando el bienestar de los usuarios cuando se extrema su interpretación. A la luz de los nuevos usos de Internet, parece del todo razonable que una transmisión en vivo de telemedicina, o una videoconferencia de teletrabajo, una clase online o incluso el control de la temperatura del refrigerador tengan prioridad en su calidad y velocidad de transferencia, sobre un mensaje de chat o la resolución de alta definición de una película o serie.

Al igual que una autopista, que debe tener protocolos para destinar pistas preferentes a servicios de emergencia o camiones con cargas peligrosas respecto de vehículos menores, las redes de acceso a Internet deben tener protocolos para dirigir los diferentes tipos de tráficos, orientados por normas legales de bien común. 

Los dogmas llevan a lo absurdo. Alguna vez un subsecretario en Chile llamó a prohibir las redes sociales gratis porque atentaban contra la neutralidad de red. Su dogma estaba por encima del sentido común. No podemos caer el día de mañana en el absurdo de poner una vida en riesgo o limitar la productividad del país por defender a ultranza que subir un video para un meme es lo mismo que una videollamada de telemedicina o de teletrabajo. Aunque le cueste a los ortodoxos, hay que reconocer que todos los paquetes de datos no son iguales ni tienen el mismo valor social.

La ciberseguridad también está íntimamente relacionada con la neutralidad de red. Se han llenado varias páginas sobre la seguridad de las aplicaciones que estamos usando a diario en cuarentena. En muchas partes se publican instructivos con recomendaciones para los servicios públicos, lo que es una luz de alerta, ya que mucha de la información tiene intereses comerciales por la competencia entre las distintas aplicaciones hoy de mayor uso.

No solo debemos vivir de instructivos sino de acciones concretas para garantizar redes ciberseguras. Es clave que los servidores, sitios web y aplicaciones tengan estándares que permitan detectar y eliminar paquetes de datos maliciosos, evitando el daño a sus usuarios. También la educación en seguridad digital es imperiosa. Es evidente que la neutralidad de red no puede ser un dogma cuando tenemos un problema de ciberseguridad. El pánico social y político que produjeron los ataques y robos de información bancaria que alertaron al mundo deben hacer que nuestras autoridades realicen los cambios legales de mejorar las leyes y normativas asociados a los ecosistemas de ciberseguridad.

Los acontecimientos producto de esta pandemia nos han llevado a un cambio acelerado en adopción de prácticas digitales. Ya no se trata solo de cuidar las transacciones financieras, los datos personales o las claves de impuestos internos. Estamos transitando hacia una digitalización mayor de la sociedad y la economía nacional que exige una regulación pionera en ciberseguridad.

Lo sé. Son muchos desafíos y estamos preocupados de soportar el encierro. Dicen que las cuarentenas epidémicas fueron en el pasado momentos de gran creatividad artística. Que obras famosas se gestaron en la incertidumbre del aislamiento. Es de esperar que también en Chile aprovechemos esta pausa para construir los cimientos digitales de un nuevo futuro. 

Es crítico sembrar hoy las nuevas redes de acceso del mañana para que este cambio abrupto de la era digital no aumente la desigualdad social y económica, por las diferencias que se manifiestan en la calidad del acceso a banda ancha. Por eso, es indispensable seguir promoviendo la inversión privada y pública en redes de mayor capacidad, con foco en la calidad y la cobertura, para no dejar a los ciudadanos desconectados.

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