El Supremo Tribunal Federal de Brasil revocó una ley estatal en Santa Catarina (Ley 7.723/19) que obligaba a las empresas que operan servicios de telefonía móvil a permitir a los clientes acumular datos no utilizados. Según la norma, lo que no se usó en el mes anterior, es decir, lo que quedó del paquete contratado, podría usarse en el periodo posterior.

El Tribunal, por mayoría, dictaminó la acción directa de inconstitucionalidad presentada por la Asociación de Operadores de Celulares (Acel). De acuerdo con la organización, el estado invadió la competencia de la Unión para legislar sobre servicios de telecomunicaciones.

En la petición, la Acel argumentó que la Constitución Federal regula específicamente los servicios de telecomunicaciones, tanto respecto a su explotación (artículo 21) como a la competencia para legislar (artículo 22).

La entidad también señala que, aunque el único párrafo del artículo 22 establece una ley complementaria que autoriza a los estados a legislar sobre cuestiones específicas en los asuntos enumerados, esta ley complementaria aún no existe. La asociación defiende que la Unión es la única que tiene derecho a definir las condiciones para operar el servicio y establecer las obligaciones de las compañías operadoras.

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Según la Acel, admitir la competencia de las otras entidades federadas para legislar sobre telecomunicaciones significaría, además de la creación de desigualdades inconcebibles entre los usuarios del servicio, “la intervención indebida de terceros en la autorización otorgada por el Gobierno Federal al agente privado”.

Además, hace hincapié en que la ley impugnada también ofende la libre empresa, ya que restringe indebidamente la libertad de acción de las empresas, lo que dificulta la explotación de los servicios que ofrecen.

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