Tribunal de Cuentas de Brasil alerta sobre falta de información en licitación 5G

El Tribunal envió un documento a la Anatel mostrando las lagunas que aún deben aclararse. Sólo después de la resolución de los problemas comenzará a correr el periodo de 90 días para que el TCU emita una opinión.

163

Ler em português

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en Brasil realizó nuevas consultas a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) sobre el aviso de licitación 5G. Además de las irregularidades ya mencionadas, como la obligación de la red privada para la Administración Pública y el Programa Amazonia Integrada y Sostenible (PAIS, parte de Norte Conectado), algunos datos del documento están incompletos, señala el portal Tele.síntese.

El sitio especializado tuvo acceso al documento enviado por el TCU a la Anatel el 7 de mayo y, según el informe, no existe especificación técnica sobre el compromiso de la construcción de la red de comunicación privada, con un valor fijo de mil 260 mil millones de reales. “Los estudios presentados no contienen indicación alguna de parámetros básicos, como el número de puntos, personas y agencias a atender”, indica la Corte.

También falta información sobre el proyecto PAIS, valorado en mil 890 millones de reales, como sus costos y tiempo de ejecución, además de tener una especificación insuficiente de las carreteras y ciudades a ser atendidas, ausencia de montos financieros, estudios de mercado y de características técnicas.

Según el TCU, aún falta definir las responsabilidades de las empresas ganadoras de los lotes nacionales de la banda de 3.5 GHz, “así como posibles sanciones ante escenarios como un posible incumplimiento de compromisos por parte de la entidad”.

Además, el Tribunal señaló la ausencia de referencias, fuentes y descripción metodológica para el cálculo de los ingresos por servicios 5G mayoristas, que representan aproximadamente 18 mil millones de reales. Para el TCU, la falta de detalles metodológicos imposibilita comprender los números y la auditabilidad de su uso en el estudio.

También se advirtió a la Anatel que el precio de las bandas de frecuencia de 2.3 GHz y 700 MHz sólo consideró la oferta de planes de voz y banda ancha móvil en tecnología 4G, y no para la prestación de servicios en 5G.

Respecto a la banda de 26 GHz, la Agencia utilizó una evaluación comparativa internacional para su estudio de precios y no justificó la elección de países. El TCU dice que la falta de detalles le impide dar una opinión sobre el precio calculado.

Según el Tribunal, Python, el sistema utilizado por la Anatel, debe prever rutinas de cálculo explicadas de forma “clara, didáctica y transparente no sólo para los servidores que desarrollaron el código, sino para todos aquellos que tienen acceso a él y trabajan con sus cálculos”. El TCU manifiesta que existe una falta de claridad en los cálculos de precios para el estudio de viabilidad económico-financiera de las bandas de frecuencias a licitar y los compromisos en el anuncio de subasta.

Finalmente, aún quedan 15 lagunas que deben detallarse más, como el precio de los lotes regionales y la referencia a incluir en el cálculo de cobertura del 95 por ciento de las ubicaciones, si no existe tal obligación en el aviso.

Sólo cuando se responda a las preguntas comenzará a correr el periodo de 90 días para la declaración del Tribunal.

Incluso con estos temas pendientes, el Presidente de la Anatel, Leonardo Euler de Morais, confía en que la subasta se realizará este año. En un evento virtual este lunes, comentó que la Agencia viene brindando asistencia al Tribunal.

También considera que “cualesquiera que sean las determinaciones o recomendaciones del TCU, ciertamente servirán para mejorar el texto del anuncio y el proceso de licitación”.