La Séptima Cámara de Derecho Público del Tribunal de Justicia de São Paulo, Brasil, confirmó una multa impuesta por la Procuraduría del Consumidor (Procon) al operador Claro debido a cargos abusivos por servicios telefónicos no contratados por diez clientes. Sin embargo, la cantidad fue reducida al pasar de 5.2 millones a 1.9 millones de reales.

Según el relator, el juez Coimbra Schmidt, hubo un error en la base de cálculo de la multa, que consideró los ingresos nacionales de Claro, cuando el incumplimiento de la prestación del servicio era responsabilidad de la sucursal del estado de São Paulo.

Por lo tanto, la base de cálculo debe tener en cuenta sólo la facturación de São Paulo. “Después de haber cometido las infracciones en el estado de São Paulo con los consumidores que residen en la ciudad de São Paulo y los proveedores de Ribeirão Preto y Campinas, los ingresos brutos a considerar son los de la sucursal de São Paulo”, explicó el juez.

Asimismo, indicó que “a pesar de la ilegalidad, se requiere intervención judicial para corregirla, de modo que el ingreso bruto promedio a considerar sea el obtenido en el Estado de São Paulo, en el periodo, de 436 millones de reales”.

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Schmidt también consideró el aumento de un 50 por ciento establecido por Procon, debido a la recurrencia de la compañía. Así, la multa alcanzaría 2.6 millones de reales. “Pero hay una atenuación, no prevista en la regulación, que debería aplicarse, bajo pena de encontrar sanciones desproporcionadas a la gravedad objetiva del hecho, correspondiente al hecho de que el delincuente reconoció el error y, espontáneamente, el reparado. Por lo tanto, se considera razonable aplicar el factor de reincidencia de manera inversa, reduciendo la multa en un 25 por ciento”, agregó el relator, alcanzando el valor final de 1.9 millones de reales.

TIM también fue multado

La Sexta Cámara de Derecho Público también mantuvo un aviso de infracción de Procon contra TIM por prácticas abusivas. El operador apeló a la corte, alegando nulidad del acto administrativo por falta de indicación del monto de la multa a ser aplicada. No obstante, fue rechazada por la ponente, la jueza Sílvia Meirelles.

“El agente fiscal no tiene la obligación legal de indicar el monto de la multa impuesta, así como el ingreso promedio estimado a través del cual se calculará la multa, ya que la multa financiera debe determinarse más tarde. Por lo tanto, para ser válido, es suficiente que el aviso de infracción, en su decreto, sólo indique la multa, sin la necesidad de indicar su valor neto, que sólo puede determinarse después de la individualización de la multa”, determinó el tribunal.

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