Reforma Clara Luz Álvarez

La participación del sector telecomunicaciones en el PIB nacional es del 3% (Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT) y en el primer trimestre de 2020 recibió 64.2 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (Secretaría de Economía). Las inversiones requieren certidumbre, por lo que el sistema de justicia forma parte del análisis para las decisiones de negocio. Normalmente se estudia al IFT, cuando los tribunales especializados en telecomunicaciones y competencia del Poder Judicial Federal (PJF) -los cuales tienen un bajo perfil y escrutinio- y en ciertos casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son quienes ponen el punto final a la regulación de las telecomunicaciones.

Origen. Estos tribunales especializados surgieron como un producto derivado de la necesidad de limitar los litigios excesivos y las suspensiones que otorgaba el PJF a las acciones del regulador, de la extinta Cofetel. La reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013 estableció que como medio de defensa en contra del IFT únicamente procede el amparo indirecto y que está prohibido suspender sus actos y sus normas. ¿Existieron análisis profundos sobre la conveniencia de la creación de estos tribunales? No. La investigación que realicé muestra que fue más algo de sentido común: si son especializados, resolverán mejor.

Los actores relevantes entrevistados para una investigación auspiciada por la Universidad Panamericana sobre los tribunales de telecom muestra que la mayoría considera su existencia como positiva, pero también algunos estiman que se crearon como proyecto político para favorecer al Gobierno. En el foro, frecuentemente se dice que estos tribunales siempre le dan la razón al IFT, pero este tipo de afirmaciones carecen de sustento en estudios o pruebas para llevar a esa generalización. Y en los últimos meses a estos tribunales les ha tocado conocer de los polémicos acuerdos en materia energética emitidos por la Secretaría de Energía presidida por Rocío Nahle y por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) dirigido por Alfonso Morcos, donde otorgaron la suspensión hasta que se resuelva el juicio.

Quiénes. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es quien designa a los juzgadores de los tribunales federales. Las convocatorias para jueces y magistrados son abiertas, pero no dicen para qué plazas o para qué materias se concursa. Así que la transparencia en la convocatoria, se pierde al decidir la adscripción a pesar de que existen algunos criterios (p. ej. calificaciones) pues al final se resuelve “por las necesidades del servicio”. En los tribunales especializados se les designa por plazos de 4 años, prorrogables, pero también el CJF ha decidido finalizar anticipadamente plazos a juzgadores sin justificación (https://bit.ly/3kYBuOD).

Estadística. La estadística pública del CJF no está desagregada como para ser útil a la sociedad, el formato de información por expediente nada tiene de amigable y repite temas sin razón aparente. En el caso de los tribunales de telecom y competencia, no distingue cuándo son asuntos de telecom, de competencia, de energía u otras materias. En el libro Tribunales Especializados en Telecomunicaciones de mi autoría, se muestra que: la duración de los juicios en promedio es de 1 año 1 mes, pero pueden existir juicios que por su complejidad tomen más del doble de tiempo; el 54% de los casos han sido de telecomunicaciones y en algunos años como el 2015, representaron el 97% de los expedientes derivados de las miles de demandas presentadas en contra de la supresión del espacio de noticias de Carmen Aristegui en MVS Noticias.

Coordinación Integral. La ex subsecretaria de Comunicaciones Salma Jalife, reconocida por tiros y troyanos por su capacidad y resultados y quien ha decidido permanecer en el Gobierno del Presidente López Obrador, debería coordinar la estrategia integral de desarrollo tecnológico que involucra a varias dependencias y entidades, para lograr realmente conectar a los desconectados.

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