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Todas las partes insisten en que se podría resolver el conflicto entre los taxistas y las plataformas de movilidad colaborativa al balancear los intereses respectivos.

“Nuestro compromiso es avanzar hacia un sistema de transporte público en el que los taxis y las empresas que trabajan mediante plataformas tecnológicas coexistan en condiciones de competencia justa”, dijo el presidente Carlos Alvarado.

Estamos de acuerdo en competir en condiciones similares, aseguran los gremios de los taxistas.

Sin embargo, nadie ha podido definir cómo llegar a ese balance justo, sobre todo acerca de la cuestión de cuántos choferes de movilidad colaborativa tendrían el derecho de operar en el país.

Tanto el Foro Nacional de Taxistas como la Unión de Taxistas Costarricenses aceptarían la competencia, siempre y cuando la cantidad de choferes tipo Uber fuera limitada a 3 mil.

Sin embargo, eso correría el riesgo de que esos servicios dejaran de ofrecerse en el país, por el pequeño mercado que les quedaría.

En este momento, se trata de unos 27 mil choferes de las plataformas tecnológicas gracias al alto grado de aceptación por parte de los consumidores.

Hay otros factores que dividen a los taxis por un lado, y por otro, a la movilidad colaborativa, incluido el hecho de que el taxista está obligado a pagar un canon al estado por una placa, la que en el siglo 21 tiene poco o ningún valor.

Entretanto, la ciudadanía está pagando a los funcionarios para establecer los precios del taxímetro, los que a menudo son poco competitivos.

Otros temas serían más fáciles de resolver, como el requisito de cualquier vehículo de aprobar la revisión técnica dos veces al año, así como contar con el seguro adecuado a cambio del derecho de llevar a los pasajeros comerciales.

El conflicto se calentó la semana pasada, con el plan de cobrar el Impuesto de Valor Agregado a los servicios colaborativos, lo que se interpretaría como legalizarlos de facto, ya que el Estado no puede lucrar de una actividad ilícita.

La propuesta inicial del gobierno para regular Uber y otros servicios de transporte colectivo, dada a conocer en enero de este año, “es desechable” para los legisladores, ya que también limitaría la cantidad de los choferes de movilidad colectiva.

Habría permiso para 11 mil choferes; sin embargo, aún con este monto se trataría del despido de unas 16 mil personas en tiempos de alto nivel de desempleo.

La propuesta, hasta el momento, no ha avanzado en la Asamblea Legislativa.

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