El 19 de mayo de 2007, se promulgó la Ley N° 29022 – Ley para el Fortalecimiento de Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. Esta iniciativa tenía como objetivo establecer un régimen especial y temporal en todo el territorio nacional para la instalación y expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones, en especial en áreas rurales y de preferente interés social y zonas de frontera.

Esta normativa fue en su momento, incluso hoy, de avanzada, ya que estableció que las autorizaciones para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones se tramitan bajo un procedimiento en el cual aplica el silencio administrativo positivo (SAP).

En resumen, lo que se buscó fue tener un instrumento legal lo suficientemente potente para superar las barreras y las disposiciones municipales que pueden impedir el desarrollo y expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, señalándose de manera expresa que las autoridades municipales y otras deben sujetarse a lo señalado en esta ley.

Sin embargo, esta “facilidad” tenía carácter temporal y entraba en vigencia al día siguiente de su publicación y caducaba a los cuatro años. Esto es, esta ley sólo tenía vigencia hasta el 20 de mayo de 2011.

Sin embargo, por su gran eficacia y necesidad, el 29 de mayo de 2012 se publicó la Ley N° 29868 – Ley que restablece la vigencia de la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de la Infraestructura en Telecomunicaciones, por un periodo de cuatro años a partir de la publicación, esto es, la vigencia se amplío hasta el 29 de mayo de 2016.

En esa línea, y nuevamente ante la gran necesidad de seguir desplegando redes de telecomunicaciones con el marco legal “temporal”, el 12 de julio de 2014 se publicó la Ley N° 30228, Ley que modifica la Ley N° 29022 Ley para Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, la cual cambió el procedimiento administrativo que se venía aplicando a las solicitudes de autorización de instalación de infraestructura de Silencio Administrativo Positivo a Procedimiento de Aprobación Automática. A su vez, también amplío el plazo de vigencia 10 años más contados desde el 29 de mayo de 2012, fecha en la cual se restableció la vigencia de la Ley N° 29022.

Además, se reiteró la obligatoriedad de que todas las autoridades del país apliquen sólo los requisitos de esta ley y su reglamento en la tramitación de las solicitudes de instalación de infraestructura.

En suma, es necesario que se tenga presente las siguientes ideas fundamentales: i) la Ley N° 29022 se encuentra vigente hasta el 29 de mayo de 2022, ii) se aplica aprobación automática, iii) las municipalidades deben aplicar de manera obligatoria esta ley (y no crear requisitos adicionales no contemplados en la ley), iv) se aplica a nivel nacional, así como se hace especial énfasis en áreas rurales y zonas de preferente interés social y zonas de frontera y, v) no se menciona ninguna tecnología en particular.

En ese sentido, se observa que el crecimiento de las antenas/estaciones base a nivel nacional desde 2007 ha sido positiva.

Documento de Trabajo: estimación del número de estaciones base celular para atender la demanda de servicios móviles en el Perú al año 2025. Javier More y Manuel Gavilano (2020).

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Si bien se observa que el numero de estaciones base instaladas ha ido en aumento e incluso se ha reflejado un salto importante entre 2013 y  2014, este crecimiento constante aun no cubre la demanda actual y futura, de acuerdo con las proyecciones de necesidad realizadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Documento de Trabajo: estimación del número de estaciones base celular para atender la demanda de servicios móviles en el Perú al año 2025. Javier More y Manuel Gavilano (2020).

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Entonces, observándose que aún persiste la necesidad de facilitar el desarrollo y expansión de infraestructura de telecomunicaciones, y viendo que el plazo de la vigencia temporal de la Ley N° 29022 está por concluir, en el Congreso de la República del Perú se han propuesto dos interesantes proyectos de ley a fin de garantizar que la instalación de antenas y de la infraestructura de telecomunicaciones en general, no se vea afectado por la imposición de barreras, trámites o procedimientos disímiles e innecesarios.

i) El Proyecto de Ley N° 409-2021-CR, presentado por la congresista Norma Yarrow Lumbreras, está orientado a ampliar el objeto de la Ley N° 30228, Ley que modifica la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, indicando que: ampliando el plazo establecido en el artículo 6 de la Ley 30228, Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones por el plazo de diez (10) años contados desde el día siguiente del vencimiento de la vigencia señalada en el referido artículo”.

Esto es, si la vigencia de la Ley N° 29022 vencía el 29 de mayo de 2022, ahora el nuevo plazo sería hasta 2032. Dicha ampliación tiene como finalidad mantener el crecimiento de la instalación de antenas, estaciones base e infraestructura de telecomunicaciones para continuar ampliando la digitalización y reducir la brecha digital.

Además, menciona en su exposición de motivos la necesidad de incrementar la infraestructura a fin de cumplir con las velocidades establecidas en la Ley N° 31207, que garantiza la velocidad mínima de conexión a internet y monitoreo de la prestación del servicio de internet a favor de los usuarios. Esto es, identifica que existen obligaciones adicionales que se han establecido en dicha reciente ley, que requieren necesariamente del despliegue de infraestructura adicional para ser cumplida.

Respecto a este proyecto son cuatro los puntos distintivos:

a) Es respecto a todos los proyectos de despliegue de infraestructura, independientemente de la tecnología que se pretenda desarrollar.

b) Los operadores y proveedores de infraestructura pasiva (PIPs) podrán regularizar la infraestructura de telecomunicaciones instalada con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, obteniendo ante la autoridad competente la autorización, cuyo otorgamiento se encuentra sujeto a un procedimiento de aprobación automático, conforme a lo regulado a la ley y el reglamento.

c) Se debe presentar el FUIIT (formato ambiental), cuyo plan de obras únicamente contendrá los requisitos señalados en los literales b), c) y e) del artículo 15 del reglamento. Asimismo, no son exigibles los requisitos contemplados en el artículo 14 y en el literal f) del artículo 12 del reglamento.

d) Una vez obtenida la autorización queda sin efecto de pleno derecho cualquier medida de retiro, demolición y desmontaje que hubiera sido impuesta por la instalación de dicha infraestructura de telecomunicaciones sin autorización.

ii) Proyecto de Ley 322-2021-CR – Proyecto de Ley, presentado por la Congresista Adriana Tudela, es un proyecto de ley que facilita el acceso  Internet por banda ancha para todos los peruanos. Este proyecto tiene por objeto promover y fortalecer el despliegue de la infraestructura y red de banda ancha en el Perú, especialmente en las zonas rurales del país, para asegurar el acceso a la información, la educación y la cultura de todos los peruanos a través del Internet.

Este proyecto de ley precisa que las autorizaciones de instalación de infraestructura y redes necesarias para el despliegue de la banda ancha se sujetan a un procedimiento de aprobación automática, previo cumplimiento de los requisitos señalados en la presente ley, en la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica o en su reglamento vigente emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

A su vez, de manera complementaria a este artículo, se incluye un numeral que precisa que la falta de alguno de estos requisitos, conforme lo exige la norma, impide la aprobación automática de su solicitud.

En comparación con el proyecto de ley anterior, hay tres diferencias que resaltamos para efectos de evaluación:

a) En un sólo acto, en caso de verificarse el incumplimiento de requisitos conforme se establece en la referida ley, en la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica o en su reglamento vigente, la unidad de recepción anota la observación correspondiente en la solicitud, otorgando al solicitante un plazo improrrogable de dos (2) días para subsanarla. Esto es altamente positivo.

b) En caso de negativa injustificada de recepción de la solicitud junto a los requisitos señalados en la presente ley, en la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y en su reglamento vigente, o si luego de subsanada la documentación, el personal de la entidad pública correspondiente se negara a incluir un sello de recepción, el solicitante se encuentra facultado para realizar la entrega de la solicitud vía carta notarial, surtiendo dicha entrega el mismo efecto que el sello de recepción omitido, dando lugar a la aprobación automática de la autorización, sin perjuicio de la responsabilidad que asume el personal que se negó injustificadamente a recibirlo. Esto es altamente positivo.

c) Es sólo para el desarrollo de la banda ancha, no aplicaría para el despliegue de infraestructura que utilice una infraestructura diferente. Esto es restrictivo. La necesidad de infraestructura y las facilidades es transversal para todos los servicios. Recomendamos que se amplíe.

Es resaltante el esfuerzo de ambas congresistas y es obvio que es necesario mantener la flexibilidad y facilidad en la tramitación de las solicitudes de autorización de instalación de infraestructura que se obtiene con la Ley N° 29022.

Lo preocupante es que el proyecto de la congresista Adriana Tudela está orientado a tecnologías precisando que sólo se aplica a la banda ancha, cuando claramente sería mejor no señalar la tecnología para favorecer el despliegue de infraestructura en general. Esto es, para toda la infraestructura de telecomunicaciones.

Del proyecto de la congresista Norma Yarrow lo preocupante es la no existencia de plazo para la regularización de los operadores y proveedores de infraestructura pasiva (PIPs), toda vez que dicha imprecisión no genera certeza de cuándo se podrá verificar la legalidad de dicha instalación.

Lo positivo de este proyecto es que se permita e incluya formas adicionales de presentación de la solicitud de instalación de infraestructura considerando que, actualmente, a nivel nacional, existen dificultades y reticencias por parte de las autoridades municipales para aplicar la Ley N° 29022.

Es así que el Indecopi ha venido identificando y eliminando estas limitaciones, como ejemplo los siguientes casos:

  • Resolución N° 0188-2021/SEL-INDECOPI del 9 de febrero de 2021, que declaró la ilegalidad de identificar una “mejor zona” como condición para la instalación de una infraestructura de telecomunicaciones.
  • Resolución N° 0222-2021/SEL-INDECOPI del 27 de junio de 2019, confirmó la ilegalidad de requerir un acuerdo con la municipalidad que otorgue el derecho de uso sobre un bien de dominio público como requisito para continuar con la instalación de una estación de radiocomunicación.
  • Resolución N° 0090-2018/SEL-INDECOPI del 4 de abril de 2018, que confirmó la ilegalidad de prohibir la instalación de estaciones radioeléctricas a menos de 250 metros de centros de concentración de población sensible, como serían los hospitales, centros de salud, clínicas y centros de educación.

Estos casos, que no son los únicos, son sólo una muestra bastante resaltante de cómo las autoridades municipales solicitan requisitos adicionales que son en muchas veces subjetivos y sin sustento técnico, sin mencionar que son ilegales porque atentan directamente contra lo señalado en la Ley N° 29022.

En ese sentido, es necesario que se apruebe una ampliación de plazo que facilite la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, más aún si se considera que las actividades como el teletrabajo, telesalud, teleducación, entre otros, han llegado a quedarse de manera permanente. De no aprobarse la ampliación de plazo estará en grave riesgo el crecimiento de un sector que en la actualidad sostiene el desarrollo de muchos segmentos económicos.

De acuerdo a lo anterior, con las mejoras señaladas líneas arriba, ambos proyectos de ley deben aprobarse con la mayor de las urgencias, ya que de dicha infraestructura depende la economía digital y el ejercicio de los derechos humanos que consagra la Constitución Política del Perú.

De la misma manera, es sugerente la idea de que estos proyectos sean recogidos como normativa andina en el Acuerdo de Cartagena, por el gran impacto que ello tendría para uniformizar y homologar el despliegue de redes de telecomunicaciones. Les dejamos la inquietud.