Una regulación inteligente es con todos

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Agradezco la oportunidad de referirme a la política de los servicios TIC y el audiovisual ampliado en Argentina, ya bajada la efervescencia de la noticia del Decreto 690/2020, y luego de que cada sector a su tiempo expresó sus creencias y predicciones.

Sabemos que la vida de todos nosotros, la agenda política y las previsiones empresariales de este año fueron sacudidas por la pandemia de Covid-19. Para quienes tenemos roles de representación social, la conmoción no puede dejarnos aislados en dogmas ni en cuadros estadísticos: convivimos y escuchamos a personas que trabajan, estudian y viven en un territorio que los condiciona. En este tiempo se agudizaron las carencias y contradicciones, ya que vivimos en sociedades con tensiones por la distribución de los recursos.

El diálogo sobre formas de regulación inteligente, tanto en lo conceptual como en lo institucional, comenzó en el marco de un cambio de gobierno para la Argentina desde la propia constitución del Frente de Todos, entre julio y agosto de 2019.

Si se recuerdan los debates que sucedieron en nuestro espacio político referidos a las políticas del sector, coincidíamos en la recuperación de capacidades regulatorias que habían sido borradas de un plumazo por un Decreto de Necesidad y Urgencia en diciembre de 2015, como también en achicar las desigualdades de infraestructura, de asequibilidad y de uso de las TIC y de la televisión abierta.

Más allá de los estadísticos generales para el país que fueron validados entre ex funcionarios y empresas del sector, cualquiera que recorriera hace unos meses a una provincia como la mía –que no es de las más pobres precisamente- será testigo que 4G no llegaba (pliegos incumplidos), que no existía efectiva competencia (Ley Argentina Digital desactivada e inversiones obturadas), que los costos han sido altos para bolsillos empobrecidos y, por lo tanto, la “desregulación inteligente” no había resuelto la situación concreta de las familias aún antes de la pandemia.

Valoro enormemente la primera reacción de los prestadores y las autoridades en marzo de 2020 frente a la urgencia: en efecto, las redes de comunicación resistieron en la Argentina. Se logró mantener la “normalidad” de la conectividad, lo cual para muchos usuarios tampoco era una gran noticia. También hubo acuerdos para ciertos accesos de zero rating a servidores de universidades públicas y otros sitios oficiales.

No fueron unos locos de la política quienes pensaron que había que tomar medidas de fondo, o al menos paliativos de emergencia, en el plano de la garantía de ciertos niveles de conectividad. Los lectores de DPL News habían tomado conocimiento de la presentación en el Congreso de proyectos para actualizar mandatos normativos en pos del bien común. Estos proyectos fueron presentados por legisladores de distintos espacios políticos: del Frente de Todos y también radicales, del PRO y socialistas, coherentes con un creciente reclamo social y con su histórica mirada sobre un servicio público que sin dudas se presta en competencia –con las limitaciones territoriales y dominancias reconocidas por todos.

Poca sorpresa podía haber si para agosto de 2020 existían 23 proyectos de ley en las Comisiones de Comunicaciones e Informática y Educación de la Cámara de Diputados, más otros tres en Senado, varios de ellos coincidiendo en el restablecimiento de figuras contenidas en los artículos 15 y 48 de la Ley Argentina Digital.

Particularmente, además de las reglamentaciones, entiendo que las regulaciones se basan en acuerdos o equilibrios entre las múltiples partes interesadas. Durante muchos años ciertos acuerdos no habían permitido resolver problemas de acceso y asequibilidad, pero resultaba complejo salir de ese esquema.

En las reuniones que mantuvimos este semestre con prestadores grandes, medianos y pequeños hablábamos de generar tarifas sociales o al menos “planes inclusivos” para contener expectativas y necesidades. CABASE lo expresó muy bien cuando se preguntó si al esfuerzo enorme de desplegar fibra no se le debía agregar la inteligencia de aumentar la cantidad de abonados conectados a FTTH. Creyendo que esa inteligencia debe ser sinérgica y colectiva, pusimos a consideración el proyecto de ley 2849-D-2020, que suscribimos 29 diputados nacionales y señala la necesidad de un Plan Nacional de Conectividad que articule esfuerzos.

Es destacable la actividad diaria que realiza el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para dinamizar los recursos del Fondo de Servicio Universal. También sabemos que además de los proyectos a demanda financiados por el sector público con recursos provenientes de una partecita de la facturación, debe articularse la inversión del sector privado con fines de lucro y sin fines de lucro, para ampliar la capilaridad, además de avanzar en la gama de productos de primera línea para la demanda solvente.

“Es con Todos”, el slogan de la campaña 2019 del Frente que integro, se aplica a esta situación: articular con los distintos niveles de gobierno en una mesa más grande que permita salir del ciclo viciado de anuncios de precios semestrales por encima de niveles inflacionarios en un país empobrecido (con baja tasa de ganancia en dólares, pero salarios también más bajos en pesos).

El despliegue de redes de telecomunicaciones y TIC (en convergencia con la TV de pago y otros servicios como la provisión de energía eléctrica) ha sido conducido por economías de escala e inversiones concentradas, lo cual reproduce una concentración asimétrica y periférica.

Pero territorializando la mirada, las cadenas de valor interrelacionadas de los sistemas audiovisuales y de telecomunicaciones en Argentina también tienen muchos actores locales con identidad, trayectoria y modelos de negocios asociados (como las cooperativas y pymes, organizaciones de segundo y tercer grado como federaciones telefónicas y la propia Cámara de Argentina de Internet, que enhebra nodos de intercambio de tráfico o IXPs, y genera numerosas estrategias sinérgicas para mejorar la capacidad y calidad de las conexiones a internet).

Respecto del debate sobre definiciones del servicio esencial, estratégico, universal o público, creo desde una mirada política de garantía de derechos (ese es mi rol en la mesa de “partes interesadas”), que el diálogo no debe darse sobre experiencias europeas, sino aquí en el mapa latinoamericano, argentino y también situado en cada provincia del país.

Por ello, en la Cámara de Diputados organizamos en junio una Conferencia Internacional con la presencia de especialistas y legisladores de la región. Entre ellos, Mauricio Agudelo, de CAF, ilustró claramente la situación y los desafíos a resolver. Sin duda, necesitamos inversiones y, por supuesto, que el actual gobierno las gestionará mejor para evitar otra situación ruinosa como la que estamos resolviendo. También aportó su voz en aquel encuentro el senador del país hermano Juan Carlos Letelier, refiriéndose al trabajoso armado para concertar en Chile los pisos de garantías de Internet como servicio público.

Coincido con los prestadores del sector que piden abrir los Tribunales de la Competencia. Coincido en que debemos reconocer la voz de usuarios y consumidores, claramente excluidos en la época anterior. Además de tender a una real competencia, creo que el país puede recuperar su rol como tercer mercado regional en volumen –tras Brasil y México-, con una política multiactoral y multinivel, aprovechando la trama resiliente y emprendedora de organizaciones comerciales y sin fines de lucro enraizadas en municipios y provincias. 

Por estas razones, luego de la previsible “sorpresa” ante el Decreto de Necesidad y Urgencia 690 emitido por el Presidente en momentos que la oposición había paralizado las sesiones que podrían haber tratado el tema en Diputados, y en vísperas de un nuevo aumento tarifario informado a las clientelas con impacto en septiembre, ahora es tiempo de aumentar la capacidad institucional, de abrir el juego y pensar en el bien común como horizonte de políticas para una planificación trienal.

Un Plan Nacional de Conectividad ayudará a coordinar las agendas de las gestiones nacional y provinciales de gobierno. Si queremos un país con estrategia 4.0, es valioso mostrar un ordenamiento que permita resolver el uso compartido y eficiente de infraestructura, cuidando la diversidad y el tamaño relativo de los prestadores para ganar capilaridad en el acceso a los servicios, y que cada persona, cada familia pueda tener su abono, o su acceso en lugares públicos a Internet. Eso es consolidar ciudadanía, derecho a la educación, a las prestaciones sociales y al trabajo.

El actual gobierno está enhebrando en forma de ramillete varias iniciativas: hacer plenamente operativo el uso del Fondo de Servicio Universal, destrabar inversiones, desplegar más la Red Federal de Fibra Optica y conectar paulatinamente el 60 por ciento de las escuelas públicas que no disponen de piso tecnológico adecuado. Los anuncios públicos del Gobierno Nacional formulados en estos días van por esta senda.  

Aspiramos a un Estado que transparente las reglas de juego desde su hechura hasta su implementación, que certifique buenas prácticas a través de comparadores de precios y servicios actualizados en las web oficiales, que articule programas de obra pública también en el tendido de fibra óptica desde los troncales hasta la última milla.

Arremangarse y articular recursos es una prioridad que los argentinos tomamos para achicar las brechas y las desigualdades.

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