Uruguay: 3 artículos de la Rendición de Cuentas que impactarán al sector telecom

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Un total de 305 artículos hacen que el proyecto de Rendición de Cuentas de Uruguay encuentre infinitos debates en su camino a la aprobación, con discrepancias de todo tipo y color. El documento primero debe pasar por la Cámara de Representantes y luego por la de Senadores. “El periodo de discusión puede abarcar del 1 de julio hasta el 31 de diciembre”, expone el Ejecutivo. La palabra telecomunicaciones aparece nueve veces, pero son tres los artículos que deben concentrar la atención del sector. ¿Cuáles son y cuál es su potencial de impacto?

  • Artículo #151

Por orden, corresponde contar primero lo que se expresa en el artículo 151, en el que se expone expresamente que “las transferencias en la titularidad de los servicios de telecomunicaciones, cuotas sociales y cualquier otra forma de participación en personas jurídicas titulares de los mismos, deberán contar con autorización previa del Poder Ejecutivo (y) podrán ser denegadas por razones de legalidad, oportunidad o conveniencia. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición”.

La decisión es clara y, de aprobarse sin cambios, el Ejecutivo pasará a tener potestad en la autorización de transferencias y cambios de manos en empresas del sector. Podrá autorizarlas o denegarlas a oportunidad o conveniencia, dos conceptos algo blandos y que seguramente traerán cola en la etapa de reglamentación. La discusión se da en un momento particular, pues se habla cada vez en más alto tono de la salida de Movistar y la posibilidad de que Telecom Argentina u otras compañías se queden con la filial local de Telefónica.

  • Artículo #152

Este es uno de los que más se habló en medios generalistas pero, quizás, el más suave en cuanto a impacto para la realidad del mercado local. Aquí se busca la creación, en el ámbito de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), del registro denominado No llame, que “tendrá por objeto proteger a usuarios de abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados”.

En la letra chica, se agrega que podrá inscribirse al listado toda persona física o jurídica, consumidor o usuario de cualquier servicio y cualquier modalidad. Los proveedores no podrán comunicarse con nadie que figure en la lista. Quedan exceptuadas las llamadas de quienes ya tienen una relación contractual vigente y, en tal caso, las llamadas deberán realizarse en horarios razonables y tal como se reglamente a posteriori.

  • Artículo #153

Si en este texto hubiera que mencionar un único apartado, lo más apropiado sería mencionar lo que dice el número 153 y su posterior: “Créase (…) el Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT), con el fin de garantizar la financiación del acceso universal a servicios de voz y de transmisión de datos e Internet en todo el territorio nacional”. De aprobarse, Uruguay dejaría de ser uno de los dos países de la región sin fondo universal –el otro es México–.

La asignación de recursos se realizará mediante procedimiento abierto y transparente para seleccionar a quien proveerá la infraestructura, “para llegar a las zonas que se determinen, todo lo cual será reglamentado por el Ejecutivo”. El adjudicatario deberá dar acceso a la misma a todos los operadores de servicios de voz, datos e Internet que prestan servicios en el país y estos, a su vez, tendrán obligación de prestar el servicio en dichas zonas.

La formación del FUT depende de recursos, y esos recursos saldrán, según define el artículo 154, de:

  1. Los recursos que se le asignen por lo producido en las subastas de espectro radioeléctrico que realice el Estado, con el límite máximo del 5 por ciento de lo obtenido.
  2. Los recursos y partidas que le sean asignados por normas presupuestales u otras 81 disposiciones legales o reglamentarias.
  3. Los legados y las donaciones que se efectúan a su favor. 
  4. Todo otro recurso que le sea asignado o que se genere por autorización de otras normas legales o reglamentarias.

Aquí vale revisar al menos dos puntos que hacen de la cuestión un tema conflictivo. El primero es definir si Uruguay necesita o no un fondo universal, ya que tienen más de una docena de mercados en la región. A modo de referencia se puede hablar de Costa Rica, allí existe un fondo universal telco y hay un operador estatal –el ICE–, que se queda con buena parte de los proyectos de este tipo en el país. ¿Vale la pena ejecutarlo en un país que, con otras estrategias, ha logrado una alta disponibilidad de servicios? ¿Es necesario esta herramienta en un país de 176 mil 215 km2, más pequeño que todos los otros en los que funciona en Sudamérica?

Uruguay no ha temido en ser el último en ejecutar proyectos que no le convencen. La portabilidad numérica, por ejemplo, es una realidad en prácticamente toda la región y el país lo prepara recién para octubre –sólo en móvil–, luego de un extenso debate que se saldó a medias en las etapas previas. Uno de los puntos de discusión de aquel caso puede repetirse en este: las diferencias de opinión entre los operadores de servicios.

El segundo punto es, claro, los recursos. Prevalecen muchas dudas en el sector sobre el uso de los recursos de fondos de servicio universal y Uruguay difícilmente lograría ser la excepción. Al margen de que un porcentaje para el FUT en el pago por espectro podría encarecer el monto a pagar por ese activo –en un contexto en el que ya han habido quejas de los privados por las condiciones que se dan a la estatal Antel para acceder–, debe revisarse muy sutilmente cómo administrar el dinero, quién lo hará y cómo, para que los recursos redunden en mayor conectividad para los uruguayos.

¿Podrá, de aprobarse el proyecto, ser Uruguay uno de los pocos que haga foco en los usuarios a la hora de repartir los recursos? La mayoría se concentra en la oferta, en el despliegue de infraestructura para llegar a rincones que no están en los planes de los operadores a corto o mediano plazo, pero hay quienes sugieren disponibilizar el dinero para que los usuarios puedan pagar los servicios que llegan a su puerta, que no son contratados por problemas socioeconómicos. ¿Y si Uruguay subvenciona la demanda?

Así las cosas, Uruguay debate una y otra vez el proyecto de Rendición de Cuentas y están presentes tres propuestas específicas que, de aprobarse, cambiarán la forma en que se deben pensar las telecomunicaciones en Uruguay. La discusión se da mientras se debate la letra chica para actualizar la Ley de Medios y después de aprobada la Ley de Urgente Consideración. La combinación de todo son cambios a los que deberán estar atentos los usuarios, los operadores y quienes vean con buenos ojos empezar a competir en el plano local de la mano de adquisiciones.