Uruguay | Nueva Ley de medios no convence y se retrasa su aprobación

El presidente Luis Lacalle Pou impulsó el proyecto para modificar la normativa vigente desde que asumió, pero disputas internas en el oficialismo y el contexto de pandemia retrasaron su aprobación. La industria defiende el espíritu del texto, aunque advierte que los cambios son insuficientes.

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Por mucho o por poco, la nueva Ley de medios por la que se modificará la vigente 19.307 en Uruguay no termina de convencer y todavía espera aprobación. Un documento se debatía como paso previo a la versión definitiva hasta la semana pasada, pero disputas internas en el oficialismo derivaron en una nueva iniciativa, que tampoco convence. De no mediar más contratiempos, la nueva versión se votaría en los próximos días.

Existen distintos puntos de discusión. Mientras hay quienes dicen que, tal como está escrita produciría mayor concentración, la industria acompaña las ideas generales, pero advierte que el texto es perfectible, pues los cambios planteados no resultan suficientes para adaptar la letra a las necesidades del sector. En medio, el debate desnuda disidencias entre los partidos de la coalición del gobierno cada vez más profundas y difíciles de esconder.

Primero, de aprobarse sin cambios, la nueva Ley no instará a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) a compartir infraestructura a privados. Este punto estaba incluido en los artículo 268 y 269 de la Ley de Urgente Consideración, sin embargo, fue retirado para agilizar su publicación, lo que fue celebrado por referentes del Frente Amplio. A pesar de lo que se esperaba en la discusión previa, la obligación para la estatal tampoco será parte de la partida en esta nueva Ley de medios.

El artículo 16 del borrador es otro ítem que mantiene el suspenso. La versión señala que “una persona física o jurídica privada no puede ser titular o parcial de más de cinco licencias para prestar servicios, indistintamente en cualquiera de las bandas AM, FM y de una licencia de TV abierta. En el caso de TV para abonados por cable, el tope será de ocho”. Estos números son distintos a la norma vigente y también diferentes al proyecto anterior, lo que refleja que se trata de un punto conflictivo.

En el artículo 48, en tanto, está uno de los aspectos que menos convence a los operadores. ¿Qué dice? Básicamente indica que los titulares de TV de paga que operan por cable tendrán derecho a solicitar licencia para prestar banda ancha, pero sólo dentro de su área de servicio. Agrega que podrán hacerlo mediante el empleo de redes propias, desarrollos futuros o de recursos que contraten a terceros. Para la industria, esto redunda en una restricción: debería eliminarse la distinción de tecnología.

Si el proyecto se aprueba sin tener en cuenta los comentarios planteados, las cableras nacionales —vinculadas a los principales canales de televisión del país—  sí podrán, finalmente, prestar servicios de banda ancha junto con TV de paga. Al mismo tiempo, DirecTV no estaría autorizada a ingresar al mercado de Internet en todo el país y Cablevisión también quedaría excluida en la capital, Montevideo.

“La propuesta actual del proyecto no refleja adecuadamente el contexto de la convergencia y su implementación en los términos actuales podría dar lugar a circunstancias anticompetitivas. Es fundamental que Uruguay pueda continuar avanzando, al ritmo adecuado, hacia un mercado en el que cada operador pueda prestar todos los servicios que le permita su tecnología, tal como recomiendan organismos internacionales como la OCDE. Las desventajas competitiva frenarían el desarrollo de un mercado más dinámico en beneficio de la pluralidad de ofertas para los consumidores”, dijo a DPL News Maryleana Méndez, secretaria General de Asiet.

Hay otros ítems a los que se prestará especial atención si el texto continúa su curso sin cambios, entre ellos el artículo 40, que habla de obligaciones de retransmisión de señales locales  y otros relacionados con la objeción de conciencia de periodistas y publicidad que no genere daño moral o de otro tipo a niños, niñas y adolescentes, entre otros. 

Así las cosas, la industria tiene reparos a la nueva Ley de medios y solicita a las autoridades tomar sus recomendaciones para adaptar la norma vigente a los nuevos desafíos que se presentan, con el ojo puesto en diversificar la oferta de servicios y, en consecuencia, generar beneficios directos para usuarios y consumidores. La actualización, por ahora, no parece motivo suficiente de celebración para la industria.