Usuario de telefonía: o te registras o pierdes el servicio

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Proceso Jorge Bravo

Una iniciativa de Mario Delgado quiere implementar un demencial Registro de Usuarios de Telefonía Móvil y conocer todos tus datos y, si no lo haces, se te cancelará el servicio y dejarás de tener derecho de acceso a las tecnologías y a los servicios de telecomunicaciones.

El diputado con licencia y actual líder nacional de Morena, Mario Delgado (Morena), quiere implementar un demencial Registro de Usuarios de Telefonía Móvil y conocer todos tus datos porque en las prisiones del país no existe un control efectivo sobre el acceso de esos dispositivos y piensa que así se reducirá la incidencia delictiva dentro de las cárceles.

Si no te registras en el plazo de un año a partir de la aprobación de la reforma, tu operador móvil te cancelará el servicio y tú dejarás de tener derecho de acceso a las tecnologías y a los servicios de telecomunicaciones.

El exlegislador morenista propone adicionar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil. Esta base de datos sería regulada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con sus propios recursos, el registro lo harían los operadores y contendría 12 datos sobre los teléfonos y sus usuarios. Pero si no te registras, tu línea y servicio móviles serán suspendidos.

El dictamen de la iniciativa ya avanzó en la Cámara de Diputados y fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Comunicaciones, pero sin discusión pública, sin analizar su efectividad ni sus implicaciones, como la afectación a un derecho fundamental y el posible aumento de robos de teléfonos celulares a la población para eludir el registro.

Si sabes que puedes ser identificado por adquirir una línea móvil o tarjeta SIM para cometer extorsiones o secuestros desde los centros penitenciarios, pues sería mejor hurtar el teléfono de alguien más y utilizarlo para cometer esos ilícitos.

El registro propuesto por Mario Delgado contendría: los números de línea telefónica móvil, de serie o identificador de la tarjeta SIM; fecha y hora de activación; nombre completo o razón social de la empresa; número de identificación oficial con fotografía y clave única de población; domicilio; concesionario; código de identidad de fabricación y características del teléfono; si es prepago o pospago; vigencia y todas las actualizaciones que ocurran.

Ya antes se han intentado registros. En 2009 se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) para prevenir y/o atender los delitos que utilizaban teléfonos celulares. El mecanismo requería la CURP, pero no funcionó porque los criminales utilizaron claves de población de otras personas. La base de datos terminó filtrándose. El 29 de abril de 2011 el Senado derogó el Renaut porque no funcionó. El 15 de junio de 2012, la Secretaría de Gobernación destruyó la base de datos que previamente pudo adquirirse en el mercado negro.

En febrero de 2020, la senadora Xóchitl Gálvez (PAN) también propuso un registro de usuarios de telefonía al momento de contratar una línea telefónica para combatir la extorsión, pero con menos requisitos.

En todos los casos se elude la pregunta de fondo: ¿por qué siguen entrando teléfonos celulares a los centros penitenciarios? En todas las iniciativas se busca una “alternativa” que no ataca el problema pero sí atenta contra la privacidad de los datos personales, se busca un control sobre los usuarios de los servicios, pero ahora además se atenta contra el derecho de acceso a las TIC y el servicio público de telecomunicaciones.

La iniciativa de Delgado sanciona no al delincuente que comete el delito, sino al concesionario que debe realizar el registro: le impone multas si se tarda en hacer la inscripción, si no presenta los avisos o si permite registros falsos.

Una de las infracciones más graves es si el concesionario lucra con la información que proporcionen los usuarios. ¿Cómo distinguir los datos que tiene el operador de sus usuarios con la información del registro (que es la misma), con alguna promoción o campaña que haga el concesionario?

Además de que registros anteriores ya han demostrado su inefectividad para prevenir o combatir la extorsión o secuestros desde las cárceles, el nuevo registro de Delgado es innecesario porque los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya establecen obligaciones de colaboración de los operadores en materia de seguridad y justicia. Los concesionarios y los proveedores están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.

Sin embargo, el registro de Delgado dice que “las autoridades de seguridad y de procuración de justicia tendrán acceso a la información contenida en el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil”, sin aclarar que se requiere de una orden judicial.

La iniciativa es una locura. Los operadores contarán con un año para cumplir con las obligaciones del registro. Pero el artículo cuarto transitorio dice que “los concesionarios deberán realizar una campaña de información dirigida a sus clientes prepago que les permita cumplir con su obligación de registrar y actualizar sus datos. Los usuarios deberán presentar ante el concesionario el equipo celular, la tarjeta SIM, así como la documentación fehaciente (…). En caso de no realizar dicho trámite dentro del plazo señalado, se les suspenderá la prestación del servicio, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna”.

Transcurrido el plazo para el registro, los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a cancelar en forma inmediata las líneas de telefonía móvil que no hayan sido registradas por los usuarios o clientes.

A junio de 2020, en México existían 119.1 millones de líneas de telefonía móvil, de las cuales 83% (99.1 millones) eran de prepago y el 17% restante de pospago.

La desproporcionada iniciativa de Mario Delgado se suma a otras que buscan controlar a los usuarios de servicios de telecomunicaciones, las tecnologías y los proveedores. La del morenista además implicaría que ocho de cada diez usuarios de telefonía móvil (quienes no tienen los recursos suficientes para contratar un plan de telefonía) pierdan el servicio móvil y todo lo que ello implica, su número telefónico, su acceso a otros servicios y aplicaciones, sus contactos, sus comunicaciones, sus archivos, su herramienta para trabajar y subsistir, su derecho de acceso a las TIC.

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